Este no es el primer acontecimiento en que la Corte instruye al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a corregir una determinación controvertida; la primera vez ocurrió en 2001 y se repitió en 2009, cuando la Corte ordenó la reintegración de Sosa, un mandato que nunca fue ejecutado, dejando así al tribunal con un historial de desobediencia. En aquel entonces, contaba con el respaldo político del kirchnerismo.
“Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, expresó el gobernador Vidal en sus redes sociales. Añadió: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables. En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos.”
LA IMPUNIDAD EN SANTA CRUZ HA TERMINADO
La Corte Suprema suspendió el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que declaraba inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949, que había ampliado el número de miembros del tribunal máximo, dejando un mensaje claro ante la…
“Durante treinta años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo,” afirmó Vidal, quien mediante la fiscalía de Estado presentó su queja ante la Corte tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había incrementado de cinco a nueve los miembros del tribunal.
En el último año, el oficialismo provincial promovió la ley de ampliación del Tribunal, propuso cuatro vocales que juraron pero nunca asumieron, e intentó restituir a Sosa como Procurador General de Justicia; sin embargo, la iniciativa fue frenada en la Legislatura por la presión del kirchnerismo.
El fallo de la Corte despeja el estancamiento jurídico que había afectado la reforma judicial, y el oficialismo local ha interpretado el resultado como una “victoria política.”
Desde agosto, el Poder Judicial ha estado inmerso en una crisis política provocada por la resistencia a la reforma legal impulsada por Vidal. A pesar de esta oposición, la Legislatura aprobó los nombramientos de los cuatro nuevos vocales: el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega, quienes juraron ante el entonces presidente del cuerpo, Daniel Mariani.
Sin embargo, los cuatro vocales anteriores, identificados con el kirchnerismo, destituyeron a Mariani, desconociendo a los nuevos vocales, decidieron no pagarles el salario e incluso les prohibieron el acceso al edificio, para después declarar la inconstitucionalidad.
