Esta decisión fue confirmada por Bartolomé Abdala, legislador libertario y presidente provisional del Senado, en una transmisión oficial. Según información interna, la medida se debe a una adenda recientes proporcionada por el Ejecutivo. Esto significa que no se puede votar un documento que no incluya la nueva actualización.
Con el inicio de la sesión, el oficialista Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, ratificó lo decidido.
El acuerdo establece que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre los montos exigidos en sentencias firmes de la jurisdicción estadounidense. De acuerdo con lo estipulado, el Estado argentino pagará 67 millones de dólares al primero y 104 millones al segundo para cancelar los pasivos litigiosos.
El esquema adoptado sigue el formato internacional conocido como ‘Entrega contra Pago’ (DVP), lo que implica que los fondos se liberarán de manera simultánea con la cancelación de los bonos, y los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio. Además, incluye una cláusula de ‘standstill’, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras de Argentina hasta que se complete la transacción.
Otro aspecto importante del documento enviado por la Casa Rosada al Congreso, que cuenta con las firmas de Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, es que el avance de este acuerdo conllevará la ‘finalización de la investigación en curso sobre los bienes’ del país, incluyendo los procesos de ‘Discovery’ relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos argentinos.
Durante la sesión, que inició con la participación de oficialistas y aliados -el kirchnerismo se unió más tarde-, se convertirá en ley un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 2024, que modifica la regularización de armas de fuego, facilitando trámites, y prorroga el sistema de entrega voluntaria, implementado por administraciones de diversas orientaciones políticas, hasta el 31 de diciembre de 2027.
Semanas atrás, cuando se aprobó la iniciativa en un plenario de comisiones, Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), expresó: ‘La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho’.
El funcionario también mencionó que en los últimos dos años la cantidad de objetos registrados aumentó en un 20%, pasando de 300.000 a 360.000.
