Si los diputados de la Coalición Cívica consiguen apoyo para el proyecto que presentaron el martes, le van a complicar aún más las cosas al Gobierno, que busca cerrar el año con un superávit del 1,6% del PBI. Además de las iniciativas de emergencia en discapacidad, el reparto de ATN y los cambios en el impuesto a los combustibles, los legisladores cercanos a Elisa Carrió sumaron una propuesta para subir el fondo de emergencias agropecuarias de $500 millones a $130.000 millones.
Esto está en una iniciativa de los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López, que propone algunas modificaciones a la Ley de Emergencia Agropecuaria 26509.
La ley de 2009 creó un fondo especial de $500 millones para enfrentar problemas climáticos que afectan la producción primaria. Desde entonces, la cifra no se tocó. Hoy serían unos u$s450.000.
En los fundamentos, los autores de la propuesta dicen:
“La ley previó la creación de un fondo (FONEDA), estableciendo que sus recursos se conformaban por: las partidas asignadas anualmente por la Ley de Presupuesto —fijadas inicialmente en un monto mínimo equivalente a $500.000.000—; las herencias, legados y donaciones; las multas cobradas por infracciones a la ley; los fondos de préstamos nacionales e internacionales; y otros aportes que el Estado nacional dispusiera para atender situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario”.
“Sin embargo, como el monto mínimo de los recursos presupuestarios se fijó en 2009 y considerando la inflación sostenida que tuvo nuestro país desde entonces, esos fondos se fueron desactualizando hasta ser hoy totalmente insuficientes. Por eso, este proyecto propone su actualización, determinando que ese piso mínimo, para no perder valor real y mantener la capacidad de respuesta, debe elevarse a $130.000.000.000 y actualizarse periódicamente”.
Otro punto controvertido de los cambios que propone la CC es que la declaración de emergencia o desastre agropecuario no dependa de la decisión del Poder Ejecutivo. Arranca con un pedido de las provincias a la Comisión Nacional para que se pronuncie en 5 días y comunique al PEN; si este no lo hace, la emergencia o desastre se declara automáticamente.
El proyecto recuerda que en mayo de este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia en gran parte del territorio, mientras que la respuesta nacional llegó en septiembre.
La ley también establece una serie de beneficios fiscales para los productores en zona de emergencia, que incluyen prórroga de vencimientos de impuestos, eximir total o parcialmente del impuesto a los Bienes Personales, descuentos del Impuesto a las Ganancias cuando el productor tiene que vender hacienda de forma obligada y suspensión de juicios por parte de ARCA, entre otros.
