La contradicción es evidente: Argentina alberga a Vaca Muerta, la cuarta reserva de gas no convencional a nivel global, y aún así algunas industrias se quedan sin suministro en medio del invierno. La causa radica en la infraestructura de transporte, que no logra satisfacer la demanda local durante los picos de consumo que ocurren solo tres meses al año. Además, la inversión necesaria para desarrollar dicha infraestructura resulta poco atractiva a menos que los gasoductos sean utilizados para exportaciones el resto del tiempo.
Este invierno, se ha configurado un escenario complicado para la industria. Ante la escasez de margen fiscal, el Gobierno decidió modificar la distribución del gas local, priorizando a los hogares con el suministro más económico de producción nacional, lo que ha dejado a la industria con mayores costos por gas importado. Esta situación afecta incluso a aquellas que tienen contratos de gas “firme”, que teóricamente garantizan el abastecimiento sin interrupciones.
En el ámbito industrial, ya se anticipa que esta situación podría concluir en conflictos judiciales por incumplimientos contractuales y la falta de seguridad jurídica. Actualmente, el país importa aproximadamente 23 buques de gas natural licuado (GNL) anualmente entre mayo y agosto; sin embargo, esta dependencia podría reducirse a la mitad para 2027, gracias a la ampliación del gasoducto Perito Moreno.
Desde el Gobierno, se sostiene que esta medida no debería ser inesperada, ya que se había advertido durante meses que la industria asumiría el costo real del gas en invierno sin subsidios. A pesar de ello, reconocen que el aumento desmesurado de los precios internacionales, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, ha elevado el costo del GNL de alrededor de US$11 a US$26 por millón de BTU en cuestión de meses.
Un empresario afectado por los cortes resumió su situación: “Las distribuidoras nos indican que si seguimos consumiendo gas bajo contrato firme, nos imponen una multa de US$35 por millón de BTU y nos suspenden el servicio, sin garantizar cuándo será restablecido. Alternativamente, nos sugieren comprar GNL a Trafigura entre US$23 y US$26. En todos los casos, el costo se multiplica comparado con los US$4,5 que solíamos pagar.”
El rechazo oficial a absorber esta variación en los costos se justifica con razones fiscales y políticas. La caída en la recaudación mensual ha limitado al Gobierno a aumentar el gasto en subsidios, como en años anteriores, sin trasladar el sobrecosto a los hogares, cuyos ingresos aún no se recuperan, para no impactar la inflación.
Este año, el Estado ha recaudado más debido a los altos precios internacionales del petróleo, pero estos ingresos adicionales no han sido suficientes para cubrir el déficit energético, acumulando atrasos por US$180 millones con las productoras de gas correspondientes a los consumos de enero, febrero y marzo.
Consecuentemente, la industria enfrenta un doble desafío: la demanda se mantiene débil y los costos de insumos han aumentado drásticamente. La mayoría de las empresas del sector expresa preocupación, ya que al menos una de cada dos evalúa reducir su actividad en el mes, dada la imposibilidad de asumir el incremento del costo del gas, según señalan desde la Unión Industrial Argentina.
Como respuesta, presentaron dos propuestas. La primera sugirió que el sobrecosto se distribuyera entre toda la demanda, no solo sobre la industria, pero les indicaron que la carga debía ser asumida únicamente por los privados. La segunda propuesta, enviada por escrito, consistía en dividir equitativamente la diferencia entre los US$23 del gas importado y el valor local de US$4,5, con el Gobierno cubriendo la mitad como subsidio, estimando un costo fiscal de US$130 millones desde junio hasta mediados de agosto, excluyendo a sectores que podrían detener su actividad de inmediato.
Sin embargo, el Gobierno rechazó esta propuesta. Un empresario comentó: “Hubiéramos esperado un gesto de empatía por parte del Gobierno”.
Analistas del sector reconocen que las prácticas de la administración han sido casi extorsivas hacia la industria, y a pesar de entender las limitaciones de la Secretaría de Energía, consideran que el próximo invierno debería normalizar la situación con mayor suministro de Vaca Muerta y precios internacionales más bajos.
El conflicto también se relaciona con el modo en que se diseñaron las subastas para la compra de gas importado. Inicialmente, el esquema requería un compromiso de compra diaria a un volumen fijo, lo que obligaba a pagar una multa del 75% de su valor si no era adquirido. Este enfoque, conocido como
