Los comentarios divergentes sobre la posible incorporación del país a la International Union for the Protection of New Varieties of Plants 91 (UPOV 91), un acuerdo internacional que refuerza los derechos de los creadores de nuevas variedades vegetales, son cada vez más frecuentes. Este convenio beneficiaría a empresas semilleras, institutos de investigación, universidades y organismos estatales.
Actualmente, Argentina se adhiere a UPOV 78, una versión más laxa del acuerdo, pero se está considerando un cambio hacia un régimen que busque brindar una protección más acorde a estándares internacionales. Gonzalo Rovira, encargado del departamento de propiedad intelectual y licencias para América Latina de Bayer, destacó en el encuentro que la adhesión a UPOV 91 daría una mayor visibilidad al INTA por sus aportes en materia de propiedad intelectual.
Rovira hizo énfasis en la relevancia de Embrapa, la entidad brasileña encargada de la investigación agropecuaria, mencionando que su relación con el sector privado es notable. “Brasil es miembro del PCT y puedo asegurar que es impresionante el vínculo (con empresas) que existe para favorecer el uso práctico de las investigaciones. Esto genera créditos para llevar adelante nuevos desarrollos biotecnológicos”, afirmó, aludiendo a la existencia de una oficina de vinculación en la compañía.
El diálogo eventualmente se centró en el desarrollo del poroto de soja mediante la tecnología, y surgieron cuestionamientos respecto a su comercialización, especialmente en lo que atañe al “uso propio” de la semilla que realizan los productores en Argentina, el cual no implica abonar regalías. Esta práctica se encuentra respaldada por la actual ley de semillas de 1973.
Desde Carbap, se expresó que el país necesita establecer normativas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas e impulsen la innovación. “Las empresas deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que la realidad productiva argentina requiere”, argumentó la entidad en un comunicado reciente.
“El Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”, señalaron desde Carbap. Desde su perspectiva, el inconveniente radica en la falta de un esquema equilibrado y consensuado, más que en la disposición a pagar por el uso de la semilla.
En contraste, durante el encuentro de AmCham, Rovira expuso que “cuando una empresa enfrenta obstáculos para lanzar un desarrollo en el mercado de manera segura, opta por no avanzar”. Mencionó que la semilla de soja de biotecnología avanzada no pudo comercializarse en Argentina debido a las limitaciones normativas locales, mientras que llegó a países como Paraguay, Uruguay y Brasil. Esto provoca, según argumentó, que los productores argentinos no tengan acceso a la tecnología de punta.
Asimismo, se refirió a la reducción de costos para el productor, ya que aquellas tecnologías que protegen cultivos contra insectos o malezas permiten un ahorro significativo en insumos. Sin embargo, advirtió que el hecho de querer acceder a la tecnología más reciente mientras solo se paga por la primera bolsa de semillas sin considerar su reproducción es problemático, remarcando esta práctica en el sector agrícola local.
Por otro lado, Rovira también destacó que de 5000 moléculas descubiertas, solo una logra ser comercializada, lo que puede durar entre 10 y 15 años y requiere inversiones superiores a los 2000 millones de dólares. Por tal motivo, enfatizó la importancia de resguardar la patente para continuar invirtiendo en innovaciones que beneficien al sector farmacéutico.
Gonzalo Rovira es también miembro del comité de propiedad intelectual de AmCham. “Cualquiera que invierte tiempo y recursos quiere proteger su desarrollo para que nadie pueda apropiárselo. Así se garantiza la exclusividad por un periodo limitado”, concluyó.
Finalmente, como Argentina aún no se ha adherido al PCT y el tema se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, las empresas o innovadores que buscan proteger sus desarrollos deben iniciar el proceso de registro desde cero en cada país donde deseen tener presencia.
