Esta protesta, que exige la reapertura de la paritaria docente, la reincorporación del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid) y una urgente revisión de los salarios, presenta, por primera vez, un elemento nuevo relacionado con el Gobierno Nacional. Este último anunció la aplicación de un artículo de la Ley de Reforma Laboral que clasifica a la educación pública como “servicio esencial”, lo que implica que se debe garantizar el “75% de la actividad” en momentos de huelga.
En práctica, esto significa que, en un establecimiento con un total de 100 docentes, al menos 75 deben estar presentes para cumplir con la legalidad. El Ministerio de Capital Humano se encargará de hacer cumplir esta nueva normativa, aunque el reclamo salarial de los docentes se dirige a cada provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, debido a que estas decisiones son tomadas por el Consejo Federal de Educación, que incluye a todos los distritos.
El foco jurídico será uno de los principales puntos de atención durante la huelga de maestros y profesores que está organizada para este lunes, abarcando todas las modalidades y niveles educativos.
El calendario escolar establecía para el 3 de agosto la reanudación de las clases en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, al concluir las dos semanas de receso invernal. Sin embargo, la central que lidera Sonia Alesso ha decidido organizar para ese mismo día una medida de acción directa que cuenta con el apoyo de sus sindicatos de base en diversas provincias. En Buenos Aires, Suteba, el principal sindicato de educadores con más de 80 mil afiliados, ha confirmado su apoyo, así como FEB, Udocba, Sadop y AMET. Se espera que la acción tenga un significativo impacto en el sistema educativo de la provincia.
En la Ciudad de Buenos Aires, los principales sindicatos docentes que se suman son la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) y Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), esta última con un plan de lucha que incluye medidas adicionales.
Frente a esto, el Gobierno tiene otra perspectiva. El Ministerio de Capital Humano comunicó el fin de semana que llevará a cabo una fiscalización para asegurarse de que se cumpla con el requisito de garantizar una cobertura mínima del 75% en el funcionamiento ordinario de las escuelas, conforme a lo que establece la Ley 27.802, que califica a la educación como un servicio esencial.
El organismo anticipó que realizará una “inspección muestral” en todo el país para verificar el cumplimiento de dicha normativa, instando a “todos los agentes del sistema educativo” a asegurar la aplicación de esta ley.
Asimismo, persiste una disputa judicial en torno a la implementación de esta ley. Ctera logró una medida cautelar que suspende de manera temporal la declaración de la educación como servicio esencial. Sin embargo, desde el Gobierno argumentan que la apelación presentada por el Poder Ejecutivo sostiene esa calificación mientras continúa el proceso judicial.
No obstante, la opinión generalizada es que resulta impracticable cumplir con esta normativa. “¿Quién se encargará de inspeccionar más de 35.000 establecimientos educativos en todo el país? ¿Los agentes de la Secretaría de Trabajo nacional? Necesitarían dedicarse dos semanas a esa tarea”, expresó una dirigente de Suteba de La Matanza.
“El comunicado solo busca amedrentar a los docentes. Pero será un paro masivo porque la situación de los trabajadores es insostenible”, concluyó la docente.
Cabe destacar que el Gobierno nacional no ejerce jurisdicción sobre la educación inicial, primaria y secundaria. Desde la reforma de la gestión de Carlos Menem en la década de 1990, los centros educativos fueron transferidos a las provincias. La Nación no gestiona ninguna escuela primaria o secundaria.
Los maestros y profesores son empleados de los estados provinciales, que son los responsables de pagar sus salarios y negociar las condiciones laborales. Por esta razón, el Gobierno se ha negado a convocar y realizar, desde que asumió en 2023, la paritaria nacional para establecer un salario mínimo para el sector.
En Buenos Aires, el inspector escolar es la figura encargada de supervisar cada establecimiento, existiendo inspectores en cada distrito y localidad bajo la dependencia de la Dirección General de Escuelas, que es similar al Ministerio de Educación. Sin embargo, este organismo anticipó que no llevarán a cabo una “vigilancia” respecto a la aplicación de la nueva Ley Laboral impulsada por Javier Milei.
Tampoco los agentes del ministerio de Trabajo de la Provincia se encargarán de actuar como “custodios” de esta exigencia. Fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que tampoco implementarán controles en las escuelas a través de inspectores para verificar la asistencia de docentes, indicando que “las escuelas cuentan con un sistema de fichaje dactilar para ello”.
En relación a un posible conflicto de jurisdicción con la Nación ante una eventual decisión de enviar inspectores a las escuelas porteñas, aclararon que “no hay conflicto porque lo dispone la Nación a través de la Secretaría de Educación para todas las jurisdicciones del país en virtud del Artículo 101 de la Ley 27.802, que establece a la educación como servicio esencial y exige asegurar una cobertura mínima del 75% del servicio habitual durante las medidas de fuerza”, afirmaron desde la Ciudad.
Recientemente, el Gobernador Axel Kicillof alcanzó un acuerdo salarial con los docentes de la provincia, quienes recibirán un aumento acumulado del 7%, que se pagará en dos tramos: un 5% en los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.
De este modo, un trabajador con 10 años de antigüedad percibe un salario neto de $ 885.901 como preceptor, $ 1.018.575 como maestro de grado de jornada simple y $ 1.380.137 como profesor. Un maestro de grado de jornada completa alcanzará un salario de $ 1.982.586 en julio y de $ 2.037.149 en agosto.
Ctera, una central de docentes que se opone claramente al Gobierno de Milei y mantiene cercanía con el kirchnerismo, ha realizado un total de siete paros nacionales hasta la fecha: cuatro en 2024, dos en 2025 y uno este año. La situación jurídica actual es diferente, y la medida de acción de este lunes tendrá un impacto considerable en cómo los docentes perciben la advertencia oficial, así como en la viabilidad del polémico artículo de la Reforma Laboral.
