El Gobierno nacional enfrenta el primer gran conflicto derivado de una de las desregulaciones impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A pocos días de la entrada en vigencia del decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir costos portuarios y aumentar la competencia, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país resolvieron suspender la prestación del servicio por tiempo indeterminado en rechazo a la nueva normativa.
La medida generó una rápida reacción oficial. La Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato sus tareas, al advertir que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de la actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
El conflicto amenaza con impactar en uno de los principales engranajes del comercio exterior argentino. Los prácticos son los profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos, una función obligatoria en gran parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según el Gobierno, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.
La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre los principales cambios, establece un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, permite la contratación libre de prestadores por parte de los usuarios, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fije tarifas máximas y obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.
Además, la norma elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
Al presentar la reforma, Sturzenegger sostuvo que el sistema vigente había generado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos logísticos del comercio exterior. También destacó que la nueva regulación amplía las dimensiones de los buques obligados a contratar prácticos y elimina cambios de profesionales durante un mismo trayecto.
Sin embargo, los profesionales del sector rechazaron la medida. Según fuentes vinculadas a la actividad, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país acordaron dejar de prestar servicios a cualquier buque argentino o extranjero que requiera asistencia profesional hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del Decreto 690/2026.
Los trabajadores cuestionan que la nueva normativa modifica aspectos que consideran centrales para la seguridad de la navegación. Entre sus principales objeciones mencionan la ampliación de las excepciones al uso obligatorio de prácticos, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros acrediten mediante declaración jurada el conocimiento de la zona y los cambios en las condiciones de embarque y desembarque.
Además, anticiparon que analizan presentar una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto al considerar que la reforma podría afectar la seguridad de la navegación.
El conflicto ya comenzó a generar consecuencias en la actividad portuaria. Según fuentes del sector, una de las maniobras afectadas involucró al buque de transporte pesado White Marlin, vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró operaciones previstas para el tendido de infraestructura submarina.
En las intimaciones enviadas durante las últimas horas, la Prefectura Naval recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación y exigió a los profesionales poner sus servicios a disposición de manera inmediata.
El organismo también advirtió que impulsará denuncias penales e iniciará sumarios administrativos frente a incumplimientos, al tiempo que aseguró que están garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos.
La intimación señala que cualquier acción destinada a interrumpir el servicio podría encuadrarse en delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte contemplados en el Código Penal.
La disputa abre así un nuevo frente para la estrategia desreguladora del Gobierno. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá reducir costos logísticos, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del comercio exterior, los profesionales alcanzados por la medida mantienen una protesta que ya comenzó a afectar la operatoria de los puertos argentinos.
