Antes de fijar el horario del fallo, los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg escucharon las últimas palabras de los imputados. El pronunciamiento estaba previsto para el viernes pasado, pero fue postergado hasta este lunes.
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron penas de entre cuatro y seis años de prisión para los nueve acusados por administración fraudulenta agravada, al considerar que el perjuicio fue cometido contra la administración pública. Para los imputados que ocuparon cargos estatales también reclamaron una inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
La acusación pidió seis años de prisión para De Vido, López, Sergio y Pablo Schoklender y el ex funcionario Abel Fatala. Para Daniel Nasif, quien fue presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero; Silvia Nasif, ex funcionaria de la Jefatura de Gabinete de esa provincia; y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin, solicitó cuatro años.
Además, el Ministerio Público Fiscal planteó el decomiso de bienes por un monto de $206 millones, equivalente al dinero que se habría desviado, con actualización por inflación hasta el momento en que una eventual condena quede firme. El pedido contempla que esos fondos sean destinados a programas de vivienda social.
Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución de los acusados y sostuvieron que la causa se encuentra prescripta.
La audiencia comenzó poco después de las 9.30 y permitió que los últimos cuatro imputados expusieran sus palabras finales. En la jornada anterior habían intervenido Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y Fatala.
Durante su exposición, Pablo Schoklender cuestionó a Cristina Kirchner y afirmó que no iba a utilizar la expresión de que “la historia me va a absolver”. Sostuvo, en cambio, que independientemente del resultado del juicio, consideraba que durante el proceso había quedado registrado el valor que tuvo el proyecto para miles de familias que, según planteó, pudieron mejorar sus condiciones de vida a partir de las obras.
De Vido y López siguieron el debate mediante videoconferencia. El ex ministro participó desde su domicilio en Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la causa relacionada con la tragedia ferroviaria de Once. López, en tanto, se conectó desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido por la causa Vialidad.
Los hermanos Schoklender eran los apoderados de Sueños Compartidos, un programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo destinado a la construcción de viviendas. La acusación sostiene que, junto con los exfuncionarios involucrados, desviaron $206 millones de los aproximadamente $900 millones que el gobierno de Cristina Kirchner destinó al programa entre 2008 y 2011.
El proyecto se desarrolló en distintos municipios y provincias, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Hebe de Bonafini, quien entonces estaba al frente de Madres de Plaza de Mayo, también había sido enviada a juicio oral, aunque murió en 2022.
Según surge de la causa, una parte de las viviendas previstas no llegó a construirse y trabajadores vinculados con el programa quedaron sin cobrar sus salarios y sin los correspondientes aportes.
El expediente tiene además un segundo tramo relacionado con un presunto esquema de lavado de dinero. En esa investigación se sostiene que parte de los fondos que habrían sido desviados terminaban en empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
Al pedir las condenas, el fiscal Velasco sostuvo que durante el juicio quedó acreditada, según su interpretación, la existencia de un esquema organizado desde el Estado nacional en coordinación con los responsables de Sueños Compartidos. De acuerdo con la acusación, Sergio y Pablo Schoklender, en su condición de apoderados, obtuvieron mediante contrataciones directas obras públicas destinadas a la construcción de viviendas sociales y hospitales en distintas provincias que mantenían afinidad con el gobierno de aquellos años.
Con los alegatos ya concluidos y las últimas palabras de los acusados, el Tribunal Oral Federal 5 deberá definir hoy si corresponde condenar o absolver a los nueve imputados.
