La situación se da mientras el gobierno de Claudio Poggi sostiene un esquema de recomposición salarial que acumulará un incremento del 30% durante los primeros diez meses del año. El Ejecutivo provincial también resolvió modificar el calendario previsto y adelantar parte de los aumentos.
Según el diagnóstico del sindicato, los pedidos de alimentos llegan tanto de manera presencial como a través de WhatsApp. La secretaria general de la organización, Mónica Sánchez Moreno, señaló que el problema dejó de estar limitado a jubilados o personas sin empleo y que también involucra a trabajadores estatales con ingresos formales.
Desde el gremio describieron situaciones en las que las familias deben optar entre afrontar facturas de servicios como electricidad, gas y conectividad o comprar alimentos. También señalaron que algunos empleados comenzaron a utilizar tarjetas de crédito y préstamos para cubrir gastos cotidianos y que, en determinados casos, ya tienen dificultades incluso para afrontar los pagos mínimos de esas obligaciones.
El planteo sindical constituye un diagnóstico sobre los trabajadores que recurrieron a la organización y no una estadística oficial sobre el conjunto de los empleados públicos de la provincia. No puede establecerse, por lo tanto, que toda la planta estatal atraviese la misma situación ni que exista una medición representativa sobre el alcance del fenómeno.
En paralelo, la administración provincial estableció que los salarios tendrán una mejora acumulada del 30% durante los primeros diez meses del año. El esquema contempla un aumento del 10% durante el primer semestre y cuatro incrementos del 5% durante la segunda mitad del año.
A comienzos de septiembre, Poggi decidió adelantar para ese mes el tramo que estaba previsto para octubre y trasladar a noviembre el incremento que originalmente correspondía a ese período. La modificación alteró el cronograma, pero no implicó un aumento adicional sobre el porcentaje total ya anunciado.
El sindicato cuestiona que los incrementos del 5% por tramo resultan insuficientes frente a la evolución de los precios y llegan en un momento en que muchas familias ya acumulan compromisos financieros. Según el planteo gremial, las tarjetas de crédito y los préstamos, que anteriormente podían utilizarse para adquirir bienes de mayor duración, comenzaron a destinarse cada vez más al pago de alimentos y otros gastos habituales.
El Gobierno provincial, en tanto, presenta el adelanto de los aumentos como una medida destinada a mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
El eje de la discusión quedó así concentrado en la suficiencia del esquema salarial. Mientras la administración provincial destaca la mejora nominal acumulada y el adelanto de los pagos, el sindicato advierte que algunos empleados que continúan trabajando y reciben los incrementos previstos igualmente necesitan asistencia para cubrir sus necesidades alimentarias.
El reclamo gremial da cuenta de trabajadores estatales que solicitaron ayuda a su organización, pero no permite extrapolar esa situación al conjunto de los empleados públicos de San Luis, ya que no se presentó un padrón completo ni una encuesta representativa de toda la planta provincial.
