Es importante señalar que no se trata de un blanqueo o una amnistía, ni implica que ARCA renuncie a su labor de control. Lo que realmente cambia es el enfoque: aquellos contribuyentes que se adhieren al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias se benefician de una presunción de exactitud, a menos que el organismo demuestre una discrepancia considerable de acuerdo a lo que la ley estipula.
La Ley 27.799 fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 y su vigencia comenzó ese mismo día. Posteriormente, el Poder Ejecutivo la reglamentó mediante el Decreto 93/2026, que fue publicado el 9 de febrero. ARCA, por su parte, emitió la Resolución General 5820/2026, que establece el procedimiento operativo del Régimen Simplificado de Ganancias. A partir del 11 de febrero de 2026, se habilitó el servicio “Ganancias PH Simplificada” para adhesión, convalidación o desistimiento.
Este régimen está destinado a personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país que opten por presentar Ganancias de manera simplificada, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Entre estos, es necesario estar inscriptos en el impuesto a las Ganancias, no tener la CUIT limitada u observada, no ser considerados grandes contribuyentes nacionales y respetar los umbrales establecidos por la ley: ingresos anuales totales de hasta $ 1.000 millones y un patrimonio total de hasta $ 10.000 millones. Para determinar estos límites se consideran ingresos gravados, exentos y no gravados, así como bienes en el país y el exterior.
La adhesión puede realizarse desde el primer día hábil del período fiscal hasta el vencimiento general de la declaración jurada de Ganancias correspondiente a ese período.
ARCA ofrece a los contribuyentes una declaración jurada simplificada. Los contribuyentes pueden revisar, editar o adicionar información si identifican errores o estiman que deben completar la declaración. Si aceptan la declaración propuesta y realizan el pago en el tiempo estipulado, obtendrán el efecto liberatorio respecto de Ganancias del período fiscal en cuestión.
Además, se activa uno de los aspectos centrales del régimen: la presunción de exactitud de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. Esto funciona prácticamente como una salvaguarda fiscal para los períodos anteriores, a no ser que ARCA impugne la declaración simplificada del último período y constate una discrepancia significativa.
La normativa señala que hay discrepancia significativa, entre otros casos, si de la impugnación se resulta un incremento del impuesto a favor del fisco que no sea inferior al 15% en relación a lo declarado, si la diferencia supera el umbral de evasión simple del Régimen Penal Tributario o si el ajuste surge de facturas u otros documentos falsificados.
Los contribuyentes accederán a una declaración jurada simplificada, con información provista por ARCA. Esta dinámica busca reducir trámites, eliminar cálculos innecesarios y facilitar el cumplimiento.
Al presentar y pagar en término, las declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos se presumen correctas. ARCA solo puede desafiar esa presunción en circunstancias excepcionales y conforme a lo reglamentado.
El régimen también limita la posibilidad de revisar períodos anteriores si no hay una discrepancia significativa, lo que genera seguridad jurídica para quienes optan por la modalidad simplificada.
La Ley de Inocencia Fiscal ha acortado el plazo de prescripción de cinco a tres años para contribuyentes inscriptos que presenten su declaración jurada a tiempo, regularicen el saldo y no enfrenten impugnaciones por discrepancias significativas.
Igualmente, la normativa aumentó los montos mínimos establecidos en el Régimen Penal Tributario, aunque no elimina las facultades de ARCA para reclamar impuestos, intereses o imponer sanciones administrativas, reservando la persecución penal para diferencias que superen ciertos límites.
Entre los cambios más significativos de la Ley 27.799, se destaca la actualización de los montos a partir de los cuales ciertas conductas pueden ser consideradas delitos. El nuevo umbral de evasión simple se fijó en $ 100 millones por tributo y por ejercicio anual. Para la evasión agravada, el monto general se estipuló en $ 1.000 millones. Algunos supuestos agravados específicos, como el uso de personas interpuestas o estructuras que ocultan la identidad del verdadero obligado, se establecieron en $ 200 millones.
Se actualizaron también otros parámetros: el abuso indebido de beneficios fiscales se fijó en $ 10 millones; la apropiación indebida de tributos, en $ 7 millones; la evasión simple previsional, en $ 35 millones; y casos específicos agravados, en $ 14 millones. Para la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, el nuevo monto establecido es de $ 3,5 millones por cada mes.
Además, se elevó el umbral para la simulación dolosa de pago a $ 20 millones por ejercicio anual en obligaciones tributarias, y $ 3,5 millones por mes para recursos de la seguridad social.
Estos valores no son fijos; la ley estipula su actualización anual a partir del 1° de enero de 2027, en función de la variación anual de la UVA, y ARCA deberá publicar cada año los nuevos montos aplicables desde el 1° de enero de cada período.
Uno de los propósitos del Régimen de Inocencia Fiscal es permitir a los contribuyentes integrar al circuito formal el dinero o activos que actualmente permanecen fuera del sistema, comúnmente referidos como “dólares del colchón”. En la práctica, esto se traduce en ahorros que una persona ha guardado en efectivo o que no ha declarado y que ahora busca utilizar, depositar, transferir, invertir o emplear en una actividad económica formal.
El régimen no actúa como un blanqueo tradicional ni garantiza una amnistía automática por cualquier tenencia no declarada. Lo que se ofrece es un entorno de mayor previsibilidad: si el contribuyente se adhiere al Régimen Simplificado de Ganancias, presenta y paga en tiempo, goza de una presunción de exactitud sobre sus declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. Esta presunción solo puede ser desmentida si ARCA impugna el período base y demuestra una discrepancia significativa.
La reglamentación también exige que, para estar dentro del marco formal, las operaciones se canalicen a través de medios autorizados. ARCA considera que esta condición se cumple cuando los fondos están en el sistema financiero o ingresan a través de bancos, cuentas comitentes, billeteras virtuales o cuentas registradas en proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos ante la CNV.
Por ejemplo, una persona que posee ahorros en efectivo puede integrarlos al sistema si los deposita en una cuenta bancaria, los transfiere, los acredita en una billetera virtual o los utiliza en operaciones documentadas a través de canales formales. En cambio, si una operación se cobra en efectivo y posteriormente el receptor deposita el dinero por su cuenta, la normativa no considerará cumplida la exigencia de canalización formal.
En resumen, el régimen tiene el potencial de facilitar la formalización de ahorros previamente fuera del circuito tributario, pero no elimina la obligación de cumplir con los requisitos, justificar adecuadamente las operaciones y seguir los mecanismos establecidos por ARCA.
Todo lo anterior se refiere al régimen actualmente vigente. Sin embargo, el Gobierno se encuentra trabajando en un anteproyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa aún no debe confundirse con la normativa actual, ya que se trata de un borrador que debe seguir el proceso legislativo correspondiente para ser efectiva.
Según el texto en análisis, el anteproyecto propone ampliar el acceso al régimen, eliminar restricciones relacionadas con los ingresos y el patrimonio, incluir a grandes contribuyentes con alcance limitado y reforzar la carga probatoria de ARCA. Además, mantendría el umbral del 15% para definir la discrepancia significativa, pero incorporaría un mínimo para evitar que diferencias menores anulen los beneficios.
Otro cambio importante sería permitir la rectificación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de una liquidación administrativa o determinación de oficio, siempre que se regularicen los saldos con intereses. Para un especialista, esta propuesta brindaría “mayor certeza” al contribuyente que desea exteriorizar fondos.
Sin embargo, un abogado tributarista advierte sobre posibles mejoras, aunque también señala que el proyecto presenta “dos caras”.
Uno de los puntos más debatidos es el posible artículo 42 ter. Según el borrador, la adhesión al régimen no detendría órdenes de intervención, liquidaciones administrativas, determinaciones de oficio, recursos o procesos judiciales que ya han sido notificados antes de dicha adhesión.
Para algunos, esto sería solo una aclaración: las fiscalizaciones ya existentes continuarían su curso. Otros argumentan que este artículo podría comprometer el espíritu del “tapón fiscal” y desincentivar a aquellos que tienen inspecciones abiertas.
Por lo tanto, es crucial delinear claramente las diferencias. Actualmente, está en vigencia el Régimen de Inocencia Fiscal, reglamentado en febrero de 2026, con sus beneficios y límites establecidos. El anteproyecto tiene la potestad de alterar ese esquema, pero no reemplaza la ley vigente en este momento.
