Este aspecto del caso fue llevado nuevamente a la Corte Suprema, que debe decidir si desestima el último recurso de la expresidenta y permite el remate de sus bienes a través de una plataforma digital.
Cristina Kirchner ha protegido sus activos presentando múltiples recursos judiciales ante el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara Federal de Casación Penal y, en esta ocasión, nuevamente ante la Corte Suprema.
La última disputa involucra 111 bienes que fueron identificados por el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para ser valuados y subastados, con el objetivo de cubrir, al menos en parte, la cantidad mencionada. A su vez, hay otro grupo de bienes que la fiscalía tiene en análisis en el tribunal oral.
El rechazo de un recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma la posibilidad de ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia.
Con este recurso desestimado, la decisión sobre el posible decomiso está lista para ser ejecutada de inmediato. Sin embargo, la expresidenta ha presentado un recurso directo ante la Corte Suprema, aunque sus posibilidades de éxito son escasas.
Además de la pena de seis años de prisión, la condena en la causa Vialidad incluye el decomiso de bienes por aproximadamente 685.000 millones de pesos, responsabilidad que recae solidariamente sobre todos los condenados.
Sin embargo, de los implicados, sólo Cristina Kirchner y sus hijos poseen activos significativos, dado que los bienes de Lázaro Báez fueron subastados durante la quiebra de Austral Construcciones y en otra condena por lavado de dinero en el caso de la Ruta del Dinero K.
El rechazo al recurso extraordinario fue decidido por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, quienes sostuvieron que la defensa de Cristina Kirchner alega que muchos bienes fueron adquiridos antes de los acontecimientos que motivaron su condena.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña desestimaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Kirchner, Báez y el apoderado de sus hijos contra la sentencia que había ratificado la ejecución de bienes para cumplir con el decomiso relacionado con la causa Vialidad.
En lo que concierne al recurso extraordinario interpuesto por Cristina Kirchner, los tres jueces de la Sala coincidieron en declarar su inadmisibilidad. Hornos argumentó que los recursos no presentaban una cuestión federal que justificara la intervención de la Corte. Reiteró que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el objetivo del decomiso es evitar que los ilícitos generen beneficios económicos permanentes.
Barroetaveña apoyó la postura de Hornos, opinando que los argumentos de las defensas simplemente reflejaban disconformidades sin plantear un conflicto federal concreto en relación a normas constitucionales. También mencionó que no se evidenciaban arbitrariedades que justificaran la apertura de esta instancia extraordinaria.
El juez Mariano Borinsky también declaró inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, aunque mantuvo una opinión ligeramente diferente respecto a los recursos de Báez y del apoderado de los hijos de Kirchner.
Tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de la sentencia que ordena recuperar los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que emitió las condenas envió un oficio a la Corte Suprema para recibir instrucciones sobre el avance del asunto. El tribunal desea determinar si, de acuerdo a las normativas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés para su uso por parte de la Corte o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, responsable de ejecutar la sentencia, solicitó a la Corte que defina si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Mientras tanto, Cristina Kirchner, tras un año de condena y cumpliendo arresto domiciliario en su residencia, ha solicitado que se le levante la tobillera electrónica, ampliar su régimen de visitas y permitirle salir a la terraza.
El fiscal Luciani se opuso a estas peticiones y el juez Giménez Uriburu reafirmó las condiciones de arresto. En cuanto al régimen de visitas, solo se permite el ingreso de familiares, médicos, custodios y abogados sin excepciones. La utilización de la terraza está limitada a dos horas diarias entre las 6 y las 20, considerando que la expresidenta “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
