El ámbito financiero se torna cada vez más complejo.
La autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estas transacciones, condicionada al uso del superávit fiscal, evidencia la delicada relación entre el Gobierno y el organismo. Este último exige la acumulación de reservas para cumplir con las metas del programa de 20.000 millones de dólares acordado en abril. El impacto de las elecciones bonaerenses añade una capa adicional de complejidad. Las encuestas sugieren una holgada victoria del peronismo en la tercera sección electoral, mientras que en la primera la contienda es más reñida. Si bien se anticipa que La Libertad Avanza (LLA) obtendrá un mayor caudal de votos en las secciones, el peronismo podría consolidar un apoyo significativo, fortaleciendo su posición para las elecciones nacionales.
Este escenario mantiene a los mercados en vilo, que interpretan el resultado electoral como un indicador de la capacidad del Gobierno para sostener su agenda económica. En comparación con 2023, cuando el peronismo obtuvo una ventaja de 16 puntos en la tercera sección, las proyecciones actuales indican una brecha menor, aunque suficiente para mantener la presión sobre el oficialismo. Es relevante destacar que, más allá de las elecciones, los analistas comienzan a restar peso a los comicios como el único factor determinante de la economía.
El Gobierno enfrenta desafíos estructurales que trascienden el resultado de las urnas. Los “superávits gemelos”, pilares de la gestión de Milei, presentan un futuro incierto: el superávit financiero no solo se ha perdido, sino que en julio, al considerar los intereses capitalizados, habría arrojado un déficit de 19 billones de pesos. Adicionalmente, el superávit primario está en riesgo tras la aprobación en el Senado de la emergencia por discapacidad, invalidando el veto presidencial. Estas presiones fiscales, sumadas a un atraso cambiario estimado entre el 20% y el 30% en términos reales, complican la acumulación de reservas y generan dudas sobre la sostenibilidad del esquema de bandas cambiarias. Este esquema permite que el tipo de cambio fluctúe entre $1.000 y $1.400, con ajustes mensuales del -1% y +1%, respectivamente.
El “plan B”, enfocado en la reducción de la PGNME, se presenta como una herramienta para ganar tiempo en un escenario de alta volatilidad. No obstante, su efectividad dependerá de la magnitud del ajuste, la reacción de las entidades bancarias y la capacidad del BCRA para gestionar la liquidez de manera coordinada.
