La sesión está prevista para las 14 y tendrá como principal punto de tensión el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que impulsó Javier Milei al comienzo de su gestión. La oposición busca avanzar contra el megadecreto en un escenario atravesado por la reciente restitución de la Ley de Tierras, que había sido derogada mediante esa norma.
La incertidumbre gira en torno a la asistencia de los legisladores que responden a gobernadores provinciales. Según las estimaciones que circulan en el Congreso, a la oposición todavía le faltarían entre dos y diez diputados para alcanzar el número necesario. En las negociaciones, algunos referentes señalaron que aún debían conseguir ocho presencias.
El PRO y La Libertad Avanza no acompañarán la convocatoria, por lo que la atención se concentra en los bloques provinciales y en los diputados que mantienen vínculos políticos con mandatarios que negocian con la Casa Rosada. Varios de esos gobernadores participaron recientemente de un encuentro en París junto al Presidente.
Entre los sectores bajo observación está el bloque santafesino, cuya participación genera dudas por la posición que podrían adoptar Gisella Scaglia y José Carlos Núñez. En cambio, los diputados cordobeses aparecen como una pieza decisiva. Algunos responden al gobernador Martín Llaryora, mientras que otros mantienen vínculos políticos propios, como Juan Schiaretti. Desde el entorno opositor señalaron que los seis legisladores cordobeses podrían asistir.
La situación de los diputados vinculados al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también genera incertidumbre. El mandatario no participó del viaje a París y sus legisladores no firmaron el dictamen oficialista sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa postura alimentó la preocupación dentro del Gobierno por el resultado de las negociaciones para impedir el quórum.
La sesión coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, lo que suma presión política a una jornada en la que el oficialismo y la oposición medirán sus fuerzas en el Congreso.
En paralelo, el Gobierno puso en marcha una estrategia para reducir el impacto del debate sobre el DNU y ofrecer alternativas a los bloques aliados. Una de las principales iniciativas fue el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo 34 firmas en comisión.
Para conseguir ese respaldo, La Libertad Avanza aceptó incorporar dos artículos que eliminan el artículo 154 del DNU 70/23 y restablecen la vigencia de la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación representa un cambio respecto de la postura inicial del Gobierno y responde a uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas.
Con esta concesión, el oficialismo busca separar la discusión sobre la Ley de Tierras del debate general sobre el megadecreto y facilitar el acompañamiento de diputados que cuestionan específicamente la desregulación de ese régimen.
La segunda línea de acción consiste en convocar a una nueva sesión especial para el 21 de octubre, con un temario propio que incluye proyectos sobre propiedad privada, discapacidad, desendeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural, entre otros asuntos.
La agenda propuesta coincide parcialmente con los temas que impulsa la oposición, pero apunta a tratarlos mediante iniciativas individuales que no comprometan el equilibrio fiscal. De esta manera, el oficialismo busca canalizar parte de los reclamos parlamentarios, conservar el respaldo de sus aliados y evitar que el debate sobre el DNU 70/23 se convierta en una derrota política.
El resultado de las negociaciones por el quórum será determinante para establecer si la oposición logra abrir el recinto y avanzar con el tratamiento del decreto o si la estrategia del Gobierno consigue frenar la sesión.
