El Gobierno definió el futuro de los históricos complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse, ubicados respectivamente en Mar del Plata y la provincia de Córdoba. A partir de una serie de reformas impulsadas por la nueva Ley Nacional de Turismo, ambos inmuebles pasarán a estar bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que evaluará su venta o concesión.
Según indicaron las autoridades, la medida responde a un eje central del gobierno de Javier Milei, que es reducir el déficit fiscal. Voceros oficiales explicaron que los dos complejos “generaban importantes pérdidas”.
Desde el Ejecutivo aseguraron que el déficit calculado el año pasado supera los u$s 10 millones anuales, aunque aclararon que en los primeros meses de este año la cifra descendió a u$s1 millón debido a la menor actividad registrada en enero y febrero.
Con la nueva Ley Nacional de Turismo, el Gobierno decidió ponerle fin al Turismo Social en Chapadmalal y Embalse. Según indicaron, van a traspasarse los complejos a la jurisdicción de la AABE, que después decidirá si los concesiona o los pone a la venta.
La medida de la Secretaría de Turismo y Deportes
Desde la Secretaría de Turismo y Deportes confirmaron que la AABE tendrá plena facultad para desprenderse de los terrenos, lo que abre la posibilidad de su traspaso al sector privado. En cuanto al futuro del personal que trabajaba en estas unidades, aclararon: “En principio, van a quedar 30 empleados en Chapadmalal y 30 en Embalse. Después, la AABE tomará la decisión sobre lo que ocurrirá con ellos”.
Días atrás, se conoció un borrador firmado por Daniel Scioli donde sostuvo que tanto Chapadmalal como Embalse eran estructuras “innecesarias” para el Estado. En el documento también se incluyeron los argumentos presentados por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).
“Finalmente, se deja expresamente establecido que la Residencia Presidencial, ubicada dentro de la Unidad Turística de Chapadmalal y bajo la órbita de la Secretaría General, no se encuentra alcanzada por la presente declaración”, indicó la carta que Scioli envió a Nicolás Pakgojz, titular de la AABE.
Sin embargo, la decisión oficial enfrentará una dificultad legal. Los predios donde están construidos los complejos turísticos fueron expropiados y se encuentran protegidos por el Decreto N.º 784/2013, que los declara Monumentos Históricos. En consecuencia, cualquier operación deberá ajustarse a las normas correspondientes.
“Cualquier acción sobre estos bienes deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente en la materia”, remarcó el secretario de Turismo y Deportes en el documento oficial.
El comunicado de FEHGRA
La FEHGRA, por su parte, opinó sobre el retiro del Estado de la gestión hotelera. En una nota firmada por su presidente, Fernando Desbots, la entidad manifestó: “Entendemos que esta forma de promover el turismo y en particular que el Estado Nacional se dedique a la actividad hotelera representa una abierta contradicción con los principios pregonados por el Presidente de la Nación, dado que el Estado Nacional se entromete en una actividad que siempre fue considerada como una acción de los privados”.
Además, advirtió sobre las consecuencias que esa competencia generaba en el mercado: “Con la intervención del Estado Nacional en este tipo de actividades, se genera una competencia absolutamente desleal que resulta perjudicial para todos los establecimientos de hospedaje de ambas localidades y sus zonas de influencia, siendo que en ambos casos, son lugares de alta actividad turística durante el año”.
El Gobierno formalizó la nueva Ley Nacional de Turismo
Esta medida respecto al turismo social, deriva de que el Gobierno formalizó cambios sustanciales en la Ley Nacional de Turismo N.º 25.997 a través del Decreto 216/2025, publicado el pasado 20 de marzo en el Boletín Oficial.
La norma eliminó las funciones de planificación, financiamiento, obras y capacitación que hasta ahora recaían en la Secretaría de Turismo, y disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística. Asimismo, se desmanteló el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y se eliminó el Plan de Turismo Social.
Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó: “Los cambios introducidos a la Ley Nacional de Turismo N.º 25.997 focaliza el rol del Estado en la promoción y marketing del país y de nuestro turismo, pero elimina las facultades del Estado para planificar el sector u otorgar subsidios o capacitaciones discrecionales”.
“Una buena gestión del turismo es eliminar las trabas que tienen nuestros empresarios turísticos para operar, ver qué cosas traban la conectividad o le encarecen los recursos que necesitan para trabajar, no es meterse a hacer lo que ellos deberían hacer”, añadió Sturzenegger.
Y concluyó: “Para que un sistema económico funcione, el Estado tiene que hacer cosas que son competencia del Estado y el sector privado las cosas del sector privado. Lamentablemente, en los últimos años el Estado se metió a hacer las cosas de los privados, distorsionando y entorpeciendo el mercado”.
