El Gobierno nacional sostiene que la situación debe resolverse principalmente mediante acuerdos entre los actores privados. Ante la ausencia de una medida de alcance nacional, varias entidades financieras, especialmente las de carácter público, comenzaron a ofrecer mecanismos destinados a facilitar la regularización de los créditos impagos.
Los programas implementados tienen como principal característica la sustitución de las deudas en mora por nuevos préstamos con condiciones más accesibles. Entre las alternativas aparecen la ampliación de los plazos, la reducción de las tasas de interés y, en algunos casos, la utilización de créditos ajustados por UVA, con el objetivo de disminuir el peso inicial de las cuotas sobre los ingresos de los deudores.
El análisis sobre estas iniciativas advierte que la morosidad debe ser considerada dentro de un escenario en el que el acceso al crédito en Argentina continúa siendo limitado. Al mismo tiempo, señala que el nivel actual no representa un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero ni para el conjunto de la economía, aunque reconoce la necesidad de atender los problemas que genera para las familias y evitar que el deterioro del crédito se profundice.
Un aumento de la morosidad puede afectar tanto la oferta como la demanda futura de préstamos. Por ese motivo, uno de los objetivos planteados es evitar que determinados sectores de la población queden excluidos del sistema formal de financiamiento.
En este contexto, se plantea la posibilidad de que el Congreso avance con una normativa nacional que acompañe los mecanismos de refinanciación voluntaria que ya comenzaron a aplicar provincias y bancos. La propuesta no contempla modificar de manera obligatoria las condiciones de los créditos existentes, sino reducir los costos y obstáculos que dificultan que acreedores y deudores alcancen acuerdos.
Entre las recomendaciones aparece, en primer lugar, la eliminación de impuestos que encarecen los préstamos destinados específicamente a refinanciar deudas. El esquema podría incluir una exención del IVA sobre los intereses, condicionada a que las provincias apliquen un tratamiento similar sobre Ingresos Brutos y Sellos y a que los municipios eliminen las tasas que recaen sobre este tipo de operaciones.
El segundo eje está relacionado con la utilización de créditos UVA para refinanciar pasivos en mora. La propuesta contempla préstamos ajustados por UVA más una tasa de interés moderada, en lugar de nuevos créditos a tasa fija. También se plantea analizar una eventual reducción de los encajes para las entidades financieras que destinen los fondos liberados a este tipo de operaciones.
El diseño de una eventual política nacional debería contemplar, de todos modos, distintos límites. Las medidas no deberían desalentar la futura oferta de crédito, generar incentivos para nuevos incumplimientos ni establecer condiciones más favorables para quienes dejaron de pagar que para quienes mantienen sus obligaciones al día.
También se plantea que una solución de este tipo no implique un costo fiscal significativo y que contribuya a ampliar el acceso al financiamiento formal en el largo plazo.
Las experiencias que ya comenzaron a desarrollar las provincias y los bancos podrían servir como punto de partida para una eventual coordinación nacional. La combinación de alivios impositivos y mecanismos de financiamiento específicos para refinanciar deudas mediante créditos actualizados por UVA aparece como una de las alternativas planteadas para reducir el valor de las cuotas y facilitar acuerdos voluntarios entre deudores y acreedores.
