La organización de la visita involucra también a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma, lo que generó una articulación entre las distintas administraciones y representantes de la Iglesia. Sin embargo, esa cooperación logística convive con posiciones enfrentadas sobre cuestiones vinculadas con la tierra, la discapacidad, la pobreza y el discurso público.
Uno de los últimos cruces estuvo relacionado con la extranjerización de tierras. La Pastoral Social de la Comisión Episcopal difundió un documento en el que expresó su preocupación por la posibilidad de que continúe la venta de tierras a extranjeros sin restricciones, luego de que la Corte Suprema mantuviera vigente el DNU 70/2023.
La entidad pidió además responsabilidad a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de la Justicia para preservar el territorio y la soberanía nacional, y vinculó esa cuestión con el bienestar de la población. El pronunciamiento fue difundido públicamente por el gobernador bonaerense.
La posición se suma a otros cuestionamientos formulados meses atrás, cuando el Gobierno había planteado avanzar con una legislación relacionada con el tema. En aquella oportunidad, la Pastoral Social había manifestado su rechazo al considerar que la iniciativa podía afectar la soberanía y los derechos de los pueblos.
La situación de las personas con discapacidad también generó un nuevo punto de contacto, pero al mismo tiempo de tensión. Integrantes de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud para plantear su preocupación por la continuidad de las prestaciones brindadas por instituciones y organismos vinculados con ese sector.
Aunque desde el Gobierno hubo disposición al diálogo, los representantes eclesiásticos señalaron que ese acercamiento debe traducirse en medidas concretas. Desde la Mesa de Discapacidad remarcaron que las expresiones de voluntad no resultan suficientes si no se reflejan en la situación cotidiana de quienes reciben las prestaciones.
En la misma línea, desde el Foro de Discapacidad cuestionaron los requerimientos de documentación realizados por el Gobierno y sostuvieron que las autoridades deben cumplir con las obligaciones establecidas por la ley. El planteo estuvo centrado en que las medidas adoptadas deben tener como destinatarias a las personas con discapacidad.
Las diferencias también aparecen en los mensajes públicos de referentes de la Iglesia. Durante la celebración del Día de la Virgen de Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a recomponer los vínculos sociales y cuestionó el clima de descalificación e insultos que atraviesa a la sociedad.
El arzobispo también habló de las consecuencias de la intolerancia y de las heridas provocadas por las descalificaciones. Sus declaraciones generaron malestar en sectores del Gobierno, aunque la Casa Rosada evita profundizar el enfrentamiento con la conducción eclesiástica.
Uno de los motivos de esa cautela es el peso que mantiene la Iglesia entre una parte del electorado oficialista. Por ese motivo, pese a los desacuerdos, el Gobierno mantiene un perfil moderado frente a los cuestionamientos provenientes de la institución.
Antes de la procesión, García Cuerva también señaló que el Papa encontraría a una Argentina atravesada por una situación de crisis y con numerosos sectores en situación de pobreza. El mensaje coincidió con la difusión de los últimos datos del INDEC sobre pobreza e indigencia.
Así, la llegada de León XIV genera un escenario particular: mientras la Iglesia y los gobiernos coordinan aspectos centrales de la visita papal, continúan abiertas las diferencias sobre distintas políticas públicas y sobre el tono del debate político y social.
La visita permite una instancia de cooperación institucional, pero no modificó los cuestionamientos que distintos referentes eclesiásticos vienen planteando al Gobierno nacional desde el inicio de la gestión.
