En algunas entidades, cerca del 30% de los clientes que habían refinanciado sus deudas volvieron a caer en situación de incumplimiento. El dato aparece mientras distintos indicadores habían comenzado a mostrar una desaceleración en el deterioro de la cartera.
Según los registros del Banco Central, en julio la morosidad de las familias alcanzó el 12,9%, frente al 12,8% de junio. En el conjunto del crédito al sector privado, la irregularidad llegó al 7,7%. Al mismo tiempo, se observó una menor velocidad de crecimiento del saldo de los préstamos en situación irregular, lo que había abierto la posibilidad de que el deterioro estuviera acercándose a una etapa de estabilización.
Otro indicador seguido por las entidades es la mora temprana, correspondiente a los atrasos de hasta 90 días. Este registro había superado los seis puntos en noviembre de 2025 y descendió hasta aproximadamente cuatro puntos en julio de este año. La evolución había generado expectativas de una eventual mejora hacia el cierre de 2026, aunque la reincidencia entre quienes habían refinanciado sus obligaciones volvió a introducir dudas sobre esa perspectiva.
El comportamiento de los deudores se produce en un contexto marcado por la falta de recuperación del ingreso real, el crecimiento del crédito durante la primera etapa de la actual gestión y una flexibilización de las condiciones de acceso en un período de expansión y competencia entre entidades.
El problema también alcanza al financiamiento fuera del sistema bancario. El crédito no bancario presenta niveles de morosidad que se ubican entre el 25% y el 30%, dependiendo de la entidad, y en algunos casos superan ampliamente los registros de los bancos.
Durante agosto, este segmento registró un crecimiento real mensual del 1,5% y alcanzó un stock de $16,3 billones. En contraste, el crédito bancario tuvo una contracción real del 0,8%. Parte de los clientes recurre a estas alternativas ante las dificultades para obtener financiamiento a través del sistema tradicional.
El mayor nivel de irregularidad tiene consecuencias sobre las condiciones de acceso al crédito. Para bancos y fintechs, una cartera con mayor riesgo de incobrabilidad puede derivar en préstamos de menor monto, mayores requisitos o condiciones financieras más exigentes. Esto limita las posibilidades de obtener nuevo financiamiento en un contexto de ingresos todavía restringidos.
El tema también comenzó a formar parte de la agenda legislativa. La oposición impulsa una sesión para el 15 de octubre en la que se prevé abordar, entre otros temas, el endeudamiento y la morosidad de las familias.
Dentro de las propuestas que se encuentran en discusión aparece una iniciativa orientada a transparentar el costo financiero total de los créditos y reforzar la educación financiera. Desde otros bloques se plantean, en cambio, límites a las tasas y restricciones sobre los mecanismos de cobro vinculados con las cuotas y los salarios.
El escenario deja planteado un problema que excede la evolución mensual de los indicadores: mientras las entidades buscan determinar si la morosidad alcanzó un punto de estabilización, la reincidencia de quienes ya habían refinanciado sus deudas agrega una nueva variable sobre la capacidad de los hogares para sostener sus compromisos financieros.
