Esto pareció simbolizar un regreso tímido a la protesta de la CGT, que había prometido replicar un modelo de movilizaciones prolongadas inspirado en el de Francia, que complicó al presidente Emmanuel Macron en 2023. Sin embargo, lo que se presentó fue una versión reducida, sin paros sectoriales y solamente basada en marchas a lo largo de dos meses, incluyendo la amenaza difusa de un quinto paro general.
En este debut opaco, la CGT se alió con corrientes más radicales del sindicalismo como las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la UTEP (sindicato de movimientos sociales) y otras agrupaciones que, contrariamente a lo esperado, no demostraron su fuerza de movilización en la marcha de este miércoles.
La columna principal estuvo liderada únicamente por dos de los tres secretarios generales de la CGT y algunos sindicatos apenas alcanzaron entre 20 y 30 participantes. Los Camioneros, bajo la conducción de Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, reunieron cerca de 1.000 personas, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la Capital movilizó aproximadamente 400.
Desde temprano, uno de los referentes del sector dialoguista de la CGT expresó a este medio que la presencia en la calle sería “testimonial” ya que se trataba de una marcha “siempre copada por la izquierda”. “Solo vamos a acompañar el reclamo de los jubilados, pero en las movilizaciones que se avecinan, activaremos todas nuestras fuerzas”, afirmó.
Lo próximo está previsto para el 7 de agosto con una movilización hacia la Iglesia de San Cayetano en Liniers, y también se planea una marcha hacia el Ministerio de Economía o el Banco Central, en oposición al endeudamiento de familias y pequeñas empresas. Esa misma semana podría llevarse a cabo, además, un paro nacional docente, impulsado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, con el apoyo de CTERA y otros sindicatos del ámbito educativo. No se descartan también otras medidas de fuerza por parte de gremios en conflicto.
Sin embargo, hoy el panorama de un quinto paro general contra Javier Milei se presenta cada vez más incierto. Dirigentes de la CGT lo reconocen en privado, aunque subrayan que “hay que construir el paro general”. Esto hace alusión a la necesidad de reunir apoyos de diversos sectores sociales no sindicalizados para que la paralización sea significativa. Muchos admiten que el último paro general, realizado el 19 de febrero, no tuvo un impacto fuerte.
En un ambiente de discreción, algunos dirigentes dudan de que sus bases acepten nuevamente otro paro general. Pese a que el descontento por la falta de alineación de salarios con la inflación y la notable caída del consumo son palpables, son conscientes de que los trabajadores no están dispuestos a perder un día de salario o arriesgar su presentismo, además del aumento del temor a perder su empleo si participan en una medida de fuerza.
Por ello, la CGT pretende evaluar el clima social en cada movilización antes de decidir si convocan un paro general de 24 o 36 horas.
La escasa presencia de sindicatos en la marcha de jubilados, aseguran en la CGT, no se relaciona con la reapertura del canal de diálogo con el Gobierno en las últimas semanas, que permitió ajustar límites a la financiación sindical mediante el reciente decreto 612. “Esa decisión fue un error del sector más duro del gabinete, a cargo de Federico Sturzenegger, y accedieron a corregirla debido a las cautelares que se plantearon en favor de los sindicatos, pero esa es solo una de nuestras preocupaciones”, expresó un dirigente relevante.
No obstante, la misma fuente reconoció que la predisposición de la esfera política del Gobierno para abordar problemas generados por la normativa de la Ley de Modernización Laboral en relación al financiamiento de los sindicatos brinda esperanzas de respuestas positivas a otros reclamos sectoriales.
La influencia que Karina Milei le otorgó a Diego Santilli, quien se apoya en figuras cercanas a los Menem y Santiago Caputo, es una de las claves que, según la CGT, justificarían la mayor receptividad oficial que han percibido.
Sin embargo, al mismo tiempo, los sindicalistas son conscientes de que este aumento en la disposición al diálogo por parte del Gobierno busca forjar consensos políticos y asegurar la paz social en miras a la reelección de Javier Milei en 2027. Se preparan por ello para aprovechar esta etapa, esperando que la Casa Rosada cierre acuerdos tanto con los gobernadores como con la CGT para mantener su poder.
Mientras tanto, utilizarán el plan de lucha como herramienta para presionar al Gobierno, sin romper la relación que en los últimos días parece haberse reencauzado, mientras mantienen la vista puesta en la elaboración de una alternativa política que impida la reelección de Milei.
