Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma podría instrumentarse por vía administrativa y que, en principio, no sería necesaria una ley específica. Sin embargo, reconocen que será necesario modificar el convenio colectivo y que la negociación con los gremios todavía no comenzó formalmente.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que hasta el momento no recibió una convocatoria para discutir cambios en la carrera de la Administración Pública central. Las reuniones realizadas hasta ahora están vinculadas con convenios colectivos de organismos estatales alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
El presidente Javier Milei volvió a plantear la necesidad de revisar la carrera del sector público y señaló que el Gobierno trabaja en una propuesta para otorgar mayor peso al desempeño de los empleados en los ascensos y las remuneraciones.
Entre los cambios que se analizan figuran los mecanismos de ingreso y permanencia, las evaluaciones de desempeño, las condiciones para ascender, la movilidad entre distintas áreas y la distribución de los ingresos según las funciones y los resultados. También se estudian las normas relacionadas con las desvinculaciones.
El régimen actual, establecido por la Ley 25.164 y los convenios colectivos de la Administración Pública, ya contempla mecanismos de selección, evaluaciones de desempeño, capacitación y criterios de mérito para el desarrollo de la carrera. En el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), además, las calificaciones y la capacitación tienen incidencia en la promoción de grado.
El principal desafío será la negociación con los sindicatos. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados públicos nacionales pueden acordarse mediante negociaciones colectivas. Sin embargo, la Ley 25.164 fija derechos y garantías mínimas que no pueden ser reducidos mediante un convenio. Si la reforma buscara modificar aspectos establecidos directamente por esa norma, sería necesaria la intervención del Congreso.
La discusión sobre la carrera administrativa se desarrolla en paralelo al proceso de reorganización del Estado que impulsa el Gobierno, que contempla revisar organismos, competencias y estructuras. La intención oficial es avanzar por vías diferenciadas: por un lado, con la reorganización de las dependencias estatales y, por otro, mediante una negociación con los gremios para modificar las condiciones de la carrera de los empleados públicos.
