Según se ha conocido, el objetivo de las autoridades es discutir los diversos proyectos y propuestas actualmente en debate, buscando la construcción de una posición unificada. Aunque existe un consenso general en el sector sobre la necesidad de actualizar el sistema vigente, persisten desacuerdos sobre la forma de proteger la innovación genética y la aplicación del derecho de uso propio por parte de los productores, un aspecto fundamental en cultivos como la soja. La normativa actual permite el uso propio, es decir, la posibilidad de que los productores conserven parte de su cosecha para utilizarla como semilla al año siguiente.
Desde la Mesa de Enlace, se presentó en marzo pasado una propuesta conjunta que sugiere mantener el uso propio establecido en la legislación actual, incorporando a su vez mecanismos que reconozcan y remuneren la inversión en mejora genética. Esta propuesta busca constituirse como un punto de consenso entre las organizaciones rurales para avanzar en una discusión que ha permanecido irresuelta durante años.
Esta iniciativa se produjo tras la firma de un acuerdo sobre comercio e inversiones con Estados Unidos, en el que Argentina se comprometió a suscribirse al Acta 1991 de la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), la cual busca un mayor reconocimiento de la propiedad intelectual para las empresas. La adhesión implica el envío de un proyecto al Congreso y su posterior reglamentación. Este tema ha generado opiniones diversas entre los sectores que integran la cadena.
Por su parte, la industria semillera también ha propuesto una alternativa, cuyo contenido aún no ha sido hecho público. Este sector ha reclamado reglas más claras y herramientas más eficaces para proteger la propiedad intelectual, argumentando que esto facilitaría la introducción de nuevas variedades y tecnologías en el mercado argentino.
Aún no se ha definido cuál será el marco normativo que se adoptará para implementar los cambios, según informaron fuentes al tanto de los avances. Si bien algunos actores sugieren la posibilidad de una resolución, en diversos ámbitos también se evalúa la opción de impulsar una nueva ley, lo que permitiría abordar de forma integral los diferentes aspectos relacionados con la propiedad intelectual en el ámbito de las semillas.
Algunos líderes de las entidades rurales, como Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, no asistirán a esta reunión, y hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la participación del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), participará del encuentro, acompañado por técnicos de las diversas organizaciones. Aapresid estará representada, en principio, por Isabella Nardi y Mailen Saluzzio, además de contar con la participación de representantes de Aacrea, ASA, la Secretaría de Agricultura y el Inase.
Esta convocatoria se da en paralelo a la reciente oficialización de un nuevo protocolo de control de identidad varietal en semillas, anunciado por el Gobierno el pasado lunes. En el sector se enfatiza que ambas discusiones son distintas: la nueva resolución establece un mecanismo de monitoreo y fiscalización para verificar el uso de variedades protegidas a través de análisis de granos en los puntos de entrega, mientras que la reunión de este martes se enfocará en debatir un marco normativo más amplio y consensuado sobre propiedad intelectual, uso propio e incentivos para la adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de las semillas.
