Actualmente, cuando un comercio concreta una venta con tarjeta de crédito, el dinero no se acredita de forma inmediata. El establecimiento debe esperar el plazo correspondiente para recibir los fondos, que suele ubicarse entre los ocho y los dieciocho días, según el tipo de comercio y la actividad.
Durante ese período, los negocios igualmente deben afrontar gastos habituales como la compra de mercadería, el pago a proveedores, salarios, alquileres y servicios. Para contar con liquidez antes del vencimiento, pueden recurrir al descuento de los cupones: transfieren el derecho a cobrar esas operaciones y reciben el dinero por adelantado, a cambio de resignar una parte del monto original.
La iniciativa que analiza el BCRA apunta a modificar la manera en que se determina ese costo. La propuesta consiste en habilitar un mercado abierto en el que distintos oferentes puedan competir por la adquisición de esos derechos de cobro. De esta manera, los comercios tendrían más opciones para elegir las condiciones de financiamiento y se buscaría generar una reducción de las tasas de descuento.
El mecanismo también podría aplicarse a las compras realizadas en cuotas. Por ejemplo, una operación financiada en tres pagos daría lugar a tres cupones con vencimientos mensuales. El comercio podría transferir cada uno de esos derechos de cobro antes de su fecha de acreditación para obtener liquidez y utilizar esos recursos para cubrir necesidades de caja.
El volumen de operaciones con tarjetas de crédito da una dimensión del mercado potencial. Según datos del BCRA, durante julio se registraron más de 176 millones de operaciones en pesos con tarjetas de crédito, por un monto que superó los $10,6 billones. Una parte de esos fondos podría quedar alcanzada por el mecanismo que se encuentra bajo análisis, con especial impacto potencial sobre las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento para sostener su capital de trabajo.
Uno de los fundamentos de la propuesta es la limitada cantidad de alternativas que actualmente tienen los comercios para adelantar el cobro de sus ventas con tarjeta. Según el planteo oficial, una mayor cantidad de participantes en la negociación permitiría incrementar la competencia y favorecer mejores condiciones para quienes buscan anticipar sus cobros.
El proyecto también toma como referencia el nivel de seguridad asociado a estos instrumentos. Desde la perspectiva oficial, el riesgo de incumplimiento sería reducido debido a que el pago final corresponde a una entidad bancaria. Por esa razón, el cupón de tarjeta es considerado un derecho de cobro con un grado de previsibilidad que podría permitir su negociación a un menor costo para el comercio.
El esquema presenta similitudes con el descuento de cheques: en ambos casos, el tenedor de un instrumento con vencimiento futuro puede transferirlo para obtener dinero de manera anticipada. La diferencia señalada en el proyecto está vinculada con el riesgo, ya que en los cupones de tarjetas el obligado final al pago es una entidad bancaria.
Si la iniciativa avanza, una eventual reducción del costo de descuento podría beneficiar a los comercios que recurren habitualmente a la anticipación de sus cobros. Para los establecimientos más pequeños, que suelen operar con márgenes acotados y necesitan administrar de manera constante el flujo de fondos, una disminución de esos costos podría tener un impacto sobre sus necesidades de capital de trabajo.
El resultado dependerá, de todos modos, del diseño definitivo del sistema y de las condiciones que se establezcan para su funcionamiento. Entre los aspectos a definir estarán los actores que podrán participar, los requisitos para los intermediarios y las reglas destinadas a garantizar transparencia en la formación de las tasas. Estos factores serán determinantes para establecer si la mayor competencia se traduce efectivamente en un menor costo para los comercios.
