La decisión alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono. En esta oportunidad, el Ejecutivo optó por postergar de manera completa la actualización que correspondía aplicar, en lugar de realizar un incremento parcial como ocurrió en anteriores ocasiones.
El objetivo inmediato es evitar que el aumento de los impuestos se traslade al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. El Gobierno sostiene que mantener este esquema permite contener costos que tienen impacto directo sobre el transporte, la producción y la actividad económica, además de reducir una eventual presión adicional sobre la inflación.
La decisión llega mientras el Ejecutivo espera una desaceleración del índice de precios de agosto. Las estimaciones privadas ubican la inflación mensual en un rango de entre 1,4% y 1,9%, por debajo del 2,1% registrado en julio.
Sin embargo, la postergación tiene una contracara: el componente impositivo de los combustibles acumula un importante atraso en sus actualizaciones y, por lo tanto, cada nuevo diferimiento aumenta el monto que eventualmente deberá ser absorbido cuando se decida aplicar los ajustes pendientes.
Desde 2024, el Gobierno ya recurrió en reiteradas oportunidades a la postergación de estas actualizaciones. El mecanismo permitió evitar aumentos inmediatos en los surtidores, pero también produjo una acumulación de incrementos pendientes correspondientes a distintos períodos.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), una entidad privada, el peso del ICL dentro del precio de la nafta súper pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026. Según ese mismo análisis, el componente impositivo por litro pasó de $116 a $400 en términos reales.
El dato adquiere relevancia porque se trata de un impuesto de suma fija por litro y no de un porcentaje sobre el precio final. Por esa característica, sus actualizaciones generan un impacto cada vez mayor cuando se acumulan períodos sin aplicar los incrementos correspondientes.
El mercado de combustibles atraviesa, además, otro proceso relacionado con la evolución internacional del petróleo. Las petroleras vienen absorbiendo parte de las variaciones del precio del crudo mediante un mecanismo de amortiguación que buscó evitar que las fuertes oscilaciones internacionales se trasladaran inmediatamente a los consumidores argentinos.
Ese esquema se implementó luego de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del fuerte incremento que llegó a registrar el petróleo. La idea fue suavizar el impacto sobre los precios locales y evitar que una suba extraordinaria del crudo tuviera una incidencia inmediata sobre la inflación.
Con la posterior caída del petróleo internacional, comenzó la etapa de recuperación de los márgenes que las empresas habían resignado durante el período de contención. Por eso, una eventual reducción del precio internacional no necesariamente se traduce de manera inmediata en una baja en los surtidores.
En el caso de YPF, la evolución del Brent continúa siendo determinante. La empresa logró acercarse a la paridad de importación, aunque todavía necesita completar el proceso de recuperación asociado al mecanismo aplicado durante la crisis petrolera. La posibilidad de una baja de precios dependerá, entre otros factores, de cuánto tiempo permanezca el crudo en los niveles actuales.
El comportamiento de los combustibles también tuvo incidencia sobre la inflación durante los meses de mayor volatilidad. En abril, por ejemplo, mientras el índice general mostró una desaceleración respecto de marzo, el rubro Transporte registró una de las mayores subas, impulsado por los aumentos en los combustibles.
Ahora el escenario es diferente. Las mediciones preliminares de agosto muestran una moderación en alimentos y bebidas y un menor ritmo de actualización de algunos precios regulados. A esto se suma el dato oficial de inflación mayorista de julio, que se ubicó en 0,8%.
El Gobierno apuesta a que esta combinación permita mantener la tendencia descendente de la inflación y, en ese contexto, evitar que la actualización de los impuestos a los combustibles agregue una presión innecesaria.
La incógnita queda planteada para octubre. Si se mantienen las condiciones actuales, el Ejecutivo deberá decidir nuevamente entre trasladar al precio de los combustibles parte de los impuestos acumulados o extender una vez más el esquema de postergaciones.
Por ahora, la prioridad oficial parece ser preservar la desaceleración de los precios. Pero cuanto más tiempo permanezcan postergadas las actualizaciones, mayor será el volumen de aumentos pendientes que eventualmente deberá resolverse.
