Uno de los cruces más fuertes estuvo protagonizado por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Santilli apuntó contra Alonso y cuestionó las prioridades de la administración provincial en materia de seguridad, al tiempo que vinculó su crítica con una polémica ocurrida en 2021 por la compra de elementos de madera destinados a talleres de Educación Sexual Integral.
El episodio al que hizo referencia Santilli se produjo durante una licitación impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación para adquirir 10.000 penes de madera destinados a actividades educativas relacionadas con el uso de preservativos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La compra generó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que criticaron el destino de los fondos públicos.
El intercambio entre funcionarios se produjo luego de que Santilli cuestionara el silencio de Kicillof frente a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual. Alonso, en cambio, había planteado la necesidad de fortalecer la estructura judicial y penitenciaria de la provincia antes de avanzar con la aplicación del nuevo régimen aprobado por el Congreso.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender durante 60 días la implementación de la normativa en territorio bonaerense. El argumento central fue la falta de infraestructura y recursos suficientes para afrontar el incremento de adolescentes que quedarían alcanzados por el sistema penal a partir de la reducción de la edad de imputabilidad.
La magistrada aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra la reforma en sí misma, sino contra su aplicación sin las condiciones necesarias. En ese sentido, señaló que los centros de detención requieren herramientas educativas, terapéuticas y de capacitación laboral para evitar que el encierro termine generando efectos contrarios a los buscados por la legislación.
La resolución abrió además una discusión sobre la capacidad del Estado provincial para implementar el nuevo régimen. El planteo judicial apunta a la necesidad de contar con establecimientos adecuados y recursos suficientes para garantizar la protección de los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
En paralelo, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual. La entidad acusó a la magistrada de presunta usurpación funcional y abuso de autoridad y sostuvo que la suspensión de una ley nacional excedería las facultades del tribunal y afectaría la división de poderes.
La organización también solicitó intervenir como amicus curiae en el expediente, con el objetivo de incorporar la perspectiva de las víctimas en la discusión judicial.
El conflicto quedó así planteado en dos planos: por un lado, la disputa política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense sobre la implementación de la reforma penal juvenil; por otro, la discusión judicial sobre el alcance de las facultades de la magistrada y las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen.
