Tras la pronta suspensión de las retenciones a cero, que tuvo una duración de apenas tres días y generó considerables críticas por parte de los productores, la Mesa de Enlace mantendrá este lunes a las 15 horas una reunión con autoridades de la Secretaría de Agricultura. Oficialmente, el encuentro ha sido convocado para establecer directrices sobre el INTA, aunque en el sector se da por sentado que el descontento por los derechos de exportación será un punto central de la discusión.
Fuentes de la Mesa confirmaron que la reunión incluirá al nuevo Consejo Directivo del organismo, el cual había sido debilitado por decreto presidencial pero recuperó su estatus original tras el rechazo del Congreso. No obstante, diversos dirigentes anticiparon que será ineludible abordar lo ocurrido con las retenciones, cuya eliminación temporal solo benefició a los grandes exportadores.
Malestar por el “cupo” de US$7.000 millones
El enojo en el sector productivo fue inmediato. La medida, que debía extenderse hasta el 31 de octubre, quedó sin efecto al alcanzarse en pocos días el cupo de US$7.000 millones. Según datos oficiales, se registraron DJVE por 19,5 millones de toneladas, de las cuales el 86% se concentró en apenas siete firmas: LDC, Bunge, Aceitera General Deheza, Cofco, Molinos Agro y Viterra.
La Federación Agraria Argentina denunció que se trató de una “transferencia brutal” hacia los grandes exportadores, excluyendo a miles de pequeños y medianos productores. En un documento, la entidad fue categórica: “Las medidas no nos benefician en absoluto; se trató de una política cortoplacista que favoreció a unos pocos amigos”.
Los precios, entre la ilusión y la frustración
En los primeros días de la medida, la soja llegó a subir hasta US$60 por tonelada en los mercados futuros, lo que generó expectativas de alcanzar los US$400. Sin embargo, el valor real se quedó corto. Al cierre de la semana, la posición octubre se ubicó en US$348 por tonelada. Mientras que el disponible en pesos cerró a $460.000 por tonelada, lejos de los $505.000 que llegó a tocar.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) calculó que, sin retenciones, el precio debería haber sido al menos US$387 por tonelada, pero en promedio los productores percibieron US$40 menos.
Sospechas y marco legal
El aluvión de DJVE también reabrió viejas polémicas. Algunos dirigentes sugirieron aplicar la Ley Martínez Raymonda (26.351), que permite exigir la tenencia de mercadería. Específicamente, cuando hay una avalancha sospechosa de registros antes de una suba de retenciones.
El consultor Javier Preciado Patiño aclaró, sin embargo, que “la norma se aplica cuando las DJVE se anticipan a un aumento de las retenciones, no cuando hay una baja como en este caso”. De todas formas, subrayó que el “mamarracho del dólar soja” volvió a evidenciar un sistema vulnerable a maniobras de unos pocos actores.
Una agenda incómoda
En la reunión de este lunes, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, deberá confrontar a las entidades del agro, que llegan con un mensaje claro: desean previsibilidad y no soluciones cortoplacistas. El desafío será recomponer la confianza con un sector clave para el ingreso de divisas, pero que ya ha demostrado que no tolerará políticas que solo favorecen a los exportadores concentrados.
El Gobierno busca mostrar disciplina fiscal y compromiso con la estabilidad cambiaria. Pero el costo político de una medida que se desactivó en apenas tres días es evidente. Para los productores, fue una oportunidad desperdiciada y una señal de que todavía falta un plan integral, uno que garantice reglas claras, permanentes y justas para todos.
