En medio de la sospecha de que la intención era reformar el artículo 77 para permitir la reelección presidencial, desde la Casa Rosada también se argumentaba que la carta magna, sancionada en 1853, debía modernizarse. El 27 de agosto de 1948 el Senado había votado la ley 13233, que, tras ser discutida en una maratónica sesión de diputados, establecía la necesidad de revisar la constitución. Juan Domingo Perón, tras el triunfo en las elecciones de medio término del 7 de marzo que reafirmaron su apoyo popular, impulsaba la iniciativa con un ímpetu renovado.
El 5 de diciembre de ese año se llevaron a cabo las elecciones para convencionales constituyentes, donde el oficialismo logró una victoria contundente al obtener 109 representantes, mientras que la oposición quedó conformada por 48 radicales y un comunista.
El contenido de la reforma fue responsabilidad del español José Manuel Figuerola y Tressols, secretario de Asuntos Técnicos de la presidencia. Figuerola había sido funcionario en la dictadura de Miguel Primo de Rivera entre 1922 y 1930, y tras emigrar a Argentina en 1930, había ocupado diversos cargos en el ámbito laboral y social. Durante la dictadura del general Edelmiro J. Farrell, Perón lo nombró secretario general del Consejo Nacional de Posguerra, creado en agosto de 1944 para planificar el desarrollo económico tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Carrillo, apodado “el negro” por su aspecto físico, fue un destacado neurólogo y neurocirujano que promovió significativas reformas en la salud pública del país. A nivel institucional, impulsó la creación de establecimientos sanitarios gratuitos, lo que redundó en una mayor equidad en el acceso a la atención médica. A los 40 años, en 1946, fue nombrado secretario de Salud, y el 7 de julio de 1949, esa dependencia fue elevada a ministerio. Como testigo privilegiado de las discusiones en torno a la nueva constitución, Carrillo llevó un diario personal de esas reuniones al que se tuvo acceso exclusivo; dicha documentación se encuentra en poder de sus hijos Ramón y Facundo.
La primera anotación de este diario, que consta de 87 páginas, es del 15 de diciembre de 1948, cuando Perón reunió a su gabinete. En esa reunión, el presidente destacó que la reforma buscaba consolidar el movimiento en cuestiones sociales y económicas, describiéndola como un “reaseguro de la independencia económica”.
Perón mostró desde el inicio sus intenciones, afirmando que era necesario realizar la reforma con un control estricto, asegurando que “no la vamos a dejar librada a la iniciativa y libre discusión de los constituyentes”. Carrillo tomó nota de que desde hacía tiempo tenía la impresión de que el presidente no contaba con una idea clara y definitiva respecto a las reformas que aceptaría, salvo las relacionadas con los derechos de los trabajadores. El resto de los ministros aguardaban también el material que preparaba Figuerola.
El primer mandatario instó a sus ministros a dedicar sus esfuerzos de inmediato a la nueva legislación que surgiría de esta nueva Constitución. Sin preocupación, Carrillo consideró que su Código Sanitario, un extenso documento de 4000 páginas que se había convertido en ley en 1947, proveía suficientes bases legislativas que servirían por los próximos cincuenta años.
“Los defectos son más de los hombres que de las leyes”, aseveró Perón, mientras explicaba cómo debía aplicarse la nueva carta magna. Se establecieron dos tipos de normas: las orgánicas y las de aplicación o funcionamiento.
El presidente exigió que la primera ley a promulgar fuera la de los ministerios y solicitó a cada uno de los ministros que presentara informes sobre sus funciones, facultades, estructura y atribuciones, limitados a cinco o seis páginas. Luego, reveló cómo pensaba que debía ser el proceso; primero se discutirían las reformas de Figuerola, que requerían aprobación del presidente y de su gabinete. Posteriormente, el material sería enviado al partido, que, tras su consentimiento, lo elevaría a los convencionales. De esta forma, Perón consideraba que se evitarían las “peligrosas discusiones en la constituyente”, según lo anotado por Carrillo.
Aquella reunión también incluyó críticas de Perón al desempeño electoral de ciertos gobernadores. “Si un gobernador pierde diez mil votos en una elección, ¿lo vamos a dejar un año más para que en ese tiempo nos dilapide otros diez mil votos? Evidentemente, no”, enfatizó el presidente. El médico redactó en su diario su preocupación, ya que, de comenzar las reuniones de reforma el 17 de enero, solo tendrían un mes, “y aún no tenemos ni idea de lo que contendrá el anteproyecto, si es que la reforma es amplia o limitada, si será revolucionaria o conservadora”. Llamó su atención que sus colegas ministros no compartieran su misma inquietud.
Luego, Perón pronunció un sermón sobre las peleas en el gabinete, acusando a los ministros de no saber trabajar en conjunto, dominados por un individualismo propio de su origen racial de “tanos y gallegos”, alegando que eran capaces de perder una elección por no patear en el mismo arco. Notó también que existían diferencias con los anglosajones, quienes sí comprendían el valor del trabajo en equipo.
Posteriormente, en la reunión del 22 de diciembre, el presidente se quejó sobre el escaso progreso en la culminación del Plan Quinquenal, informando que los ministros solo habían implementado alrededor del 20% de lo que habían programado para ese año. Esto desembocó en la maratónica jornada de trabajo del jueves 30 de diciembre.
En la narrativa de Carrillo, se menciona que él escribió sus impresiones el 1 de enero, cuando junto a su esposa Isabel Susana Pomar se retiraron a descansar a Tigre. Ese día, se trabajó entre las ocho de la mañana y las tres y media de la tarde, y luego de cinco a ocho de la noche. Carrillo expresó la frustración que sentía al anotar que esa reunión podría haber sido “histórica y satisfactoria” si hubieran conocido previamente el plan de reforma aprobado por Perón, lo que les habría permitido ayudar de manera más efectiva.
El ministro se sorprendió al darse cuenta de que en un acuerdo de gabinete normalmente recibía una copia tres o cuatro días antes. “Ahora teníamos que leer las reformas y hacerle llegar al presidente las sugerencias”, indicó.
Carrillo mencionó que nadie tenía idea de cómo procederían, y todos esperaban las instrucciones del “jefe”, como él se refería al presidente. Al analizar el anteproyecto, Carrillo se sintió aliviado al verificar que incluía sus sugerencias relativas a la sanidad y la medicina social, así como la cláusula que impedía a las provincias legislar de manera contradictoria con las leyes nacionales.
El presidente sorprendió a todos al advertir sobre la existencia de fuerzas que conspiran para derrocar al gobierno. Si ocurría un atentado, afirmó, “nos liquidan a todos”. Aunque no aludió a nada específico, señaló que había tomado las medidas pertinentes para protegerse. Carrillo dedujo que esto respondía a rumores persistentes sobre una conspiración militar, y entonces miró al ministro de Guerra, el general mendocino Humberto Sosa Molina, quien permaneció en silencio.
En la margen de su diario, Carrillo recordó que en septiembre el gobierno había denunciado un complot liderado por Cipriano Reyes, un diputado del Partido Laborista cuyo activismo en la movilización del 17 de octubre de 1945 había sido clave, pero que debido a sus diferencias con el gobierno había terminado en la oposición. Reyes, acusado de intentar asesinar a Perón y su esposa, fue arrestado y torturado, y liberado en 1955 tras la caída del gobierno.
Retornando al relato de Carrillo, Perón volvió a retomar el tema de la reforma y aclaró que no se trataba de crear una nueva constitución, sino de mejorar la anterior, argumentando que era suficiente contar con un contenido perfeccionado que respete el formato original y que mantenga su “simplicidad” y carácter sintético, sugiriendo que las modificaciones deberían ser mínimas y que el texto incluya “los principios de nuestro movimiento político, social y económico”.
Informó que en el Salón de los Acuerdos se había dispuesto un fichero con 4000 fichas que contenían antecedentes y proyectos, destacando que, aunque se trataba de una considerable cantidad de papel, “la Constitución no debe pesar más de quince gramos”, bromeó. Luego, procedió a leer el preámbulo, y en esa instancia, nadie objetó la propuesta que incluía la cláusula que dice: “ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Carrillo registró que, tras una extensa lectura por parte del presidente, se procedió a analizar artículo por artículo. Al referirse al cuarto artículo, que aludía a la provisión del gobierno federal para los gastos de la Nación, consignó que “el ministro de Hacienda estuvo muy flojo en este aspecto”.
Sobre el quinto, que estipula que cada provincia dictará su propia Constitución bajo un sistema representativo que contemple la administración de justicia, gestión municipal, educación primaria y cooperación del gobierno federal, Carrillo no se sintió en posición de solicitar la inclusión de temas de salud pública y asistencia social. Consideró mencionarlo a Figuerola, aunque, tras revisar el texto final, pareció que no se haría efectiva su inclusión.
En relación al sexto artículo, que trataba las intervenciones provinciales, Carrillo lo consideró “anacrónico”, argumentando que si hasta ese momento no se habían experimentado dificultades, sería más prudente dejar la situación como estaba. Perón cerró el tema con un claro consentimiento.
En el séptimo artículo, que mencionaba actos públicos y procedimientos judiciales en las provincias, Carrillo esperaba una intervención del titular de Justicia, Belisario Gache Pirán, pero este no emitió comentario alguno. El médico anotó que resultaba más conveniente no ser abogado para opinar sobre la Constitución y que era preferible tener un gran sentido común en lugar de un título.
Durante la reunión, el presidente leyó los derechos y deberes del trabajador, así como los de la familia, y de la ancianidad, que quedarían estipulados en el artículo 37°. Carrillo abogó porque se reemplazara la mención del “trabajador” por “trabajo”, buscando así atenuar un tono que podría considerarse clasista. Tanto él como el almirante Enrique García, ministro de Marina, coincidieron en que también era fundamental mencionar los derechos de la infancia. Sin embargo, Carrillo advirtió que “no estábamos preparados” para esa discusión y percibió que Perón no quería generar un debate extenso sobre el tema, por lo que optó por hablarle en privado después para tratar de persuadirlo a incorporar los derechos de maternidad e infancia.
En lo que respecta a la modificación sobre las sanciones para quienes intenten modificar violentamente la Constitución, el presidente aceptó la propuesta de Carrillo de que esta figura, ubicada al final del artículo 14, debería elevarse al 30.
En cuanto a la renovación del mandato de los diputados, se propuso que fuera de seis años, con una renovación de tres. Miguel Miranda, director del IAPI, sugirió una renovación total cada seis años, pero se encontró con la oposición de Alberto Teisaire, presidente provisional del Senado, y Hortensio Quijano, el vicepresidente.
También se discutió el artículo que prorrogaba el mandato de los diputados y acortaba el de los senadores con el fin de alinearlos hasta 1952. Este punto fue devuelto a estudio para su revalorización.
Cuando se abordó el tema del mandato de los senadores, Miranda clamó por la eliminación de la cámara alta, pero Perón le respondió de manera categórica, aduciendo que “si Grecia y Roma, así como todos los países modernos, no habían podido suprimir el Senado, menos podríamos hacerlo nosotros”. Carrillo coincidió en que la edad mínima para los diputados debía ser de 22 años.
Se retiró también la norma que prohibía a los eclesiásticos regulares ser miembros del Congreso, ya que Perón argumentó que eran los superiores de los religiosos quienes debían decidir sobre esa cuestión.
La discusión alcanzó un punto álgido, y Carrillo utilizó la definición “se armó una trifulca” para describir el acalorado intercambio de ideas alrededor del artículo 86, propuesto por el ministro de Guerra. Este artículo permitía al presidente delegar el mando en el comandante en jefe. Perón, sin embargo, reafirmó que no podía delegar, aunque sí podía “nombrar”.
Al abordar el artículo 87, que otorga atribuciones al presidente para crear, regular o suprimir ministerios, el presidente aclaró que “si yo tengo la responsabilidad de la administración y mis ministros son mis secretarios, es lógico que yo estructure la administración”. Carrillo quedó desconcertado ante las afirmaciones de Perón, quien advirtió que el poder legislativo no debería sobrepasar los límites del poder ejecutivo. Este punto generó protestas, en particular del general Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas, quien se manifestó en contra de la creación de más ministerios de los necesarios, sugiriendo que “no faltará algún presidente medio loco que tenga cuarenta ministerios”.
Perón propuso que, si se encontraba una fórmula para preservar la independencia del ejecutivo al respecto, estaría dispuesto a aceptar una ratificación del congreso. Se definió que el ejecutivo tendría la iniciativa a la hora de solicitar la creación de nuevas carteras.
La última intervención de Carrillo en el debate sobre la reforma fue al solicitar, en relación al poder judicial, la supresión del fuero especial para los extranjeros.
La anotación siguiente en su diario fue irónica: “Con esto se terminó nuestro ‘estudio’ del anteproyecto”. Carrillo estaba convencido de que solo se había realizado un análisis superficial. Esto se lo comentó a Perón y le propuso convocar nuevamente al gabinete en 48 horas para revisar artículo por artículo. La respuesta vino de Juan Atilio Bramuglia, titular de Relaciones Exteriores, quien “saltó como leche hervida”, alegando que no hacía falta. Carrillo miró a Gache Pirán, buscando apoyo, pero este le hizo un gesto para que no hablara. El presidente no consideró conveniente un nuevo encuentro y dio por finalizada la reunión, algo que dejó a Carrillo consternado.
Cuando el 3 de enero entregó a Perón el artículo sobre derechos de la infancia y maternidad, el presidente se mostró satisfecho con el contenido y le pidió que lo llevara a Figuerola, a quien debió convencer de mantener la palabra “privilegio”, que el secretario había querido eliminar.
Carrillo seguía insistiendo en la necesidad de otra reunión con los ministros para discutir más en profundidad la reforma. Sin embargo, cuando el presidente convocó nuevamente al gabinete, afirmó que el trabajo estaba terminado y que gran parte ya había sido enviado a imprenta. Carrillo anotó: “Nosotros seguimos en el absoluto secreto de cómo se elaboró la Constitución”. Para Perón, la estrategia consistía en hacer ver al partido como el autor del anteproyecto.
Un aparte inesperado tuvo lugar cuando el ministro de Justicia confesó a Carrillo que no estaba de acuerdo con la redacción de la nueva carta magna, al tiempo que acusó a Figuerola de “falta de seriedad” por no haber consultado a los juristas que habían recomendado. Este funcionario le mencionó a Perón sus objeciones, aunque según Carrillo, no lo hizo con suficiente energía, y Gache Pirán mantuvo registros con modificaciones en todos los artículos, pero tampoco planteó estas inquietudes en su totalidad.
El 12 de enero, Perón se dirigió a los convencionales constituyentes peronistas en un asado que tuvo lugar en la Quinta de Olivos. Carrillo anotó que su discurso fue “improvisado” pero “notable”, superando incluso las expectativas que había sobre el contenido del anteproyecto. Cabe destacar que durante este encuentro, Perón leyó el artículo que sentaba que el mandato presidencial sería de seis años y que podría ser reelecto, contradiciendo de esta manera sus afirmaciones anteriores, incluso en el mensaje a la asamblea legislativa, donde había manifestado su postura contraria a la reelección.
Carrillo consignó que Perón rechazó la propuesta de Gache Pirán sobre unificar el Código Procesal y lamentó haber aceptado sugerencias al artículo 5°. En este ciclo de reuniones, Teisaire explicó que daría instrucciones a los convencionales para evitar debates innecesarios en el recinto, asegurando que se realizarían deliberaciones en una única comisión; la asamblea votaría lo que esa comisión propusiera, un procedimiento con el que esperaba que todo quedara terminado en seis reuniones.
Carrillo apuntó que “el reglamento es tan severo para impedir perturbaciones de la oposición, que si quieren discutir algo, tendrían que hacerlo en la comisión”, y concluyó que “no creo que la oposición tenga el patriotismo suficiente; el odio y el sectarismo son muy fuertes entre ellos, más que el bien del país”.
El resto es historia conocida: el 24 de enero comenzaron las sesiones, presididas por el gobernador bonaerense Domingo Mercante, con Héctor J. Cámpora ocupando el rol de vice primero y José G. Espejo, secretario general de la CGT, como vice segundo. Teisaire se equivocó en el cálculo, pues, en lugar de seis sesiones, hubo 13, y el contenido merecería varias notas. El 11 de marzo se alcanzó el texto definitivo, que no fue reconocido por la oposición, ya que se había retirado del recinto, y el 16 se llevó a cabo la juramentación de la nueva Constitución.
Carrillo sufría de hipertensión arterial maligna y padecía fuertes dolores de cabeza desde 1951, lo que lo llevó a dejar su puesto en el ministerio. Perón nunca creyó en sus motivos de renuncia, suponiendo que había razones más contundentes detrás de su decisión. Regresó a su cátedra de Neurocirugía y, en 1954, recibió una beca para llevar a cabo un estudio antibiótico en Estados Unidos. El 15 de octubre partió hacia el país del norte, acompañado de su esposa e hijos.
Quiso regresar por vía marítima, pero una huelga de trabajadores portuarios retrasó su partida y sus pasajes vencieron, impidiéndole renovarlos. Durante un viaje desde Nueva York a Boston, se enteró del golpe de 1955, y supo que algunos de sus hermanos y amigos se encontraban arrestados o en la clandestinidad. Se le recomendó que se mantuviera en el exterior hasta que la situación se calmara. Carrillo pidió apoyo a una de sus hermanas, Carmen Antonia, porque estaba sin dinero.
Los fondos de su beca fueron suspendidos y su hogar en Buenos Aires fue allanado. Enviò un telegrama al general Eduardo Lonardi, manifestando su disposición a ser investigado. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. Se vio obligado a depender del apoyo financiero de familiares y amigos; no tenía dinero ni siquiera para la comida, por lo que temía que al regresar a Argentina lo apresaran sin saber el motivo. Buscó empleo como mozo o ayudante de cocina, aunque su salud no se los permitía.
Finalmente, encontró trabajo como médico en una compañía estadounidense de explotación de metales en la Amazonía, cerca de Belém do Pará. El día que cumplió 50 años, tuvo un terrible dolor de cabeza y realizó varias visitas a Rio de Janeiro para recibir tratamiento. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un derrame cerebral que dejó paralizada la parte izquierda de su cuerpo. Los médicos propusieron trasladarlo a un centro más especializado, pero el riesgo en su estado era considerable.
Carrillo no prestaba atención a sus niveles de presión, llegando a registrar 260/150, mientras que el clima de la Amazonía no favorecía su salud. Falleció el 20 de diciembre en el hospital de Belém, a las siete de la mañana. En diciembre de 1972, sus restos fueron repatriados y depositados en la bóveda familiar gracias a gestiones realizadas por la provincia de Santiago del Estero.
A pesar de que su imagen está impresa en el billete de dos mil pesos —que comparte con la doctora Cecilia Grierson—, sus hijos han expresado que su legado no ha recibido el reconocimiento que merece. La Constitución de 1949 fue derogaba el 27 de abril de 1956 por el gobierno de facto que había derrocado a Perón en septiembre de 1955. Algunos detalles sobre cómo se gestó esta carta magna se conocen gracias a las observaciones de este médico sanitarista, una figura inteligente y talentosa que dejó una huella importante en la salud de nuestro país.
