El caso está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar. El expediente aguarda una definición desde la audiencia realizada el 12 de diciembre de 2024, en la que las partes expusieron sus argumentos. La causa se encuentra en condiciones de ser votada, aunque la complejidad jurídica del planteo demora el pronunciamiento.
La discusión central consiste en determinar si el ataque puede investigarse casi medio siglo después de ocurrido. Para ello, los magistrados deberán establecer si los hechos pueden encuadrarse como una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un delito de lesa humanidad, categorías que podrían impedir que la acción penal prescriba.
La investigación tramita en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Servini. En 2021, la jueza había rechazado un pedido para reabrir el expediente al considerar que los hechos estaban prescriptos y que la cuestión ya había sido resuelta. En junio de 2022, sin embargo, la Cámara Federal anuló esa decisión y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento, al advertir que no había analizado los argumentos presentados por los denunciantes.
En agosto de 2023, Servini volvió a desestimar la reapertura. Sostuvo que el atentado no reunía las condiciones para ser considerado un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o una grave violación a los derechos humanos. La decisión fue apelada por los denunciantes y representantes de las víctimas.
En diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal revocó ese criterio y dispuso avanzar con medidas para profundizar la investigación e identificar a los responsables. El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, incluyó la citación de Firmenich a declaración indagatoria y planteó convocar también a otros imputados, entre ellos Horacio Verbitsky.
Los camaristas consideraron que el atentado y la falta de una investigación adecuada podían constituir una grave violación a los derechos humanos. Con ese argumento, dejaron sin efecto los sobreseimientos basados en la prescripción y ordenaron producir nuevas pruebas. Para fundamentar la citación de Firmenich, señalaron su posición de liderazgo dentro de Montoneros, organización que asumió la responsabilidad del ataque.
La resolución fue apelada por Firmenich, Patricia Walsh y la defensa oficial que representa a otros imputados. Por ese motivo, el expediente llegó a Casación, que ahora debe revisar si corresponde mantener la decisión de la Cámara Federal.
Firmenich no reside actualmente en Argentina. En otra causa, vinculada con una denuncia por apología del crimen, no se presentó a una indagatoria y su hermano informó que vive en España.
El atentado ocurrió en el comedor de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal, ubicado en Moreno 1431, en la ciudad de Buenos Aires. El artefacto explosivo detonó el 2 de julio de 1976 y provocó la muerte de 24 personas, además de dejar numerosos heridos y personas con secuelas físicas graves.
La investigación también involucra la figura de José María Salgado, señalado como el agente infiltrado que habría ingresado al comedor con uniforme policial y dejado la bomba antes de retirarse. Salgado, que militaba en Montoneros mientras se encontraba infiltrado en la Policía, fue posteriormente torturado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por lo que nunca llegó a ser juzgado por el atentado. Su muerte dejó el foco de la investigación en la posible responsabilidad de la cadena de mando de la organización.
El pronunciamiento de Casación será determinante para el futuro del expediente. Si confirma que el hecho no está alcanzado por la prescripción, la Justicia podrá avanzar con la investigación y las citaciones dispuestas. Si revoca el fallo de la Cámara Federal, la causa podría quedar nuevamente cerrada por el transcurso del tiempo.
