Uno de los principales obstáculos es la reforma de la Ley de Salud Mental. Aunque Bullrich presentó modificaciones en una conferencia de prensa, el oficialismo no consiguió las firmas necesarias para avanzar durante la última reunión de las comisiones de Salud y Legislación General, realizada diez días atrás. El dictamen se alcanzó recién el miércoles, después de que integrantes del bloque peronista Convicción Federal presentaran una propuesta alternativa.
A pesar de ese avance, el Gobierno todavía no tiene asegurados los votos para aprobar la iniciativa en el recinto. Legisladores aliados de distintas provincias acompañaron el despacho con reservas y advirtieron que el proyecto no establece con suficiente precisión cómo se financiará su implementación.
“Es necesario un presupuesto del financiamiento para poder cumplir la ley en su totalidad”, afirmó la senadora radical Gabriela Valenzuela, alineada con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés. En la misma línea, el senador misionero Carlos Arce sostuvo que los recursos deben traducirse en partidas presupuestarias identificables y alertó sobre las dificultades que enfrentan las provincias para sostener con fondos propios programas nacionales discontinuados o demorados.
“Debemos evitar que este proyecto llegue a ese punto”, agregó Arce. Guillermo Andrada, senador por Catamarca y firmante del dictamen minoritario, también cuestionó la falta de precisiones presupuestarias. “¿De cuánto van a ser los recursos? Si no, estaremos escribiendo sobre algo que no se podrá concretar”, planteó.
Desde La Libertad Avanza reconocieron que deben analizar algunos de los planteos de los aliados, aunque señalaron que resolver el financiamiento requeriría la intervención del Poder Ejecutivo.
La reforma propone modificar los criterios para las internaciones involuntarias, que deberán contar con la evaluación de un equipo interdisciplinario. Bullrich explicó que uno de los cambios centrales consiste en pasar de una evaluación basada exclusivamente en el riesgo inmediato de daño grave a la integridad de una persona a un enfoque preventivo, con evaluaciones previas para identificar situaciones potencialmente peligrosas.
La iniciativa también contempla herramientas para afrontar la escasez de profesionales especializados. Entre ellas, habilita la teleconsulta sincrónica para determinadas intervenciones y reconoce la firma de los psicólogos para la evaluación y el alta de pacientes. Durante el debate, el senador peronista Jorge Capitanich mencionó que en el país hay alrededor de 100.000 psicólogos y 25.000 psiquiatras.
El proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y de implementar prácticas manicomiales, y establece que las internaciones deberán revisarse cada 180 días. También elimina la exigencia de autorización judicial previa para las internaciones involuntarias: los jueces podrán solicitar informes o peritajes y revocar internaciones injustificadas, pero no deberán dar su consentimiento antes de que se concreten. En esos casos, el juez y el Órgano de Revisión deberán ser notificados dentro de las 24 horas posteriores.
El dictamen evita mencionar de manera específica las drogas legales o ilegales y conserva una formulación general para incluir las adicciones dentro de las políticas de salud mental. El alcance también contempla adicciones sin consumo de sustancias, como la ludopatía. Además, incorpora el derecho de los pacientes a aceptar o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar personas que puedan expresar su consentimiento si ellos no están en condiciones de hacerlo.
Otro de los temas que el oficialismo busca llevar al recinto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional establecido en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El mecanismo busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de patentes en distintos países y forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos.
El Senado había otorgado media sanción al tratado en 1998, pero la Cámara de Diputados lo debatió este año e introdujo modificaciones. Por ese motivo, la iniciativa debe regresar a la Cámara Alta para una nueva votación antes de su ratificación.
Durante el tratamiento en Diputados se decidió mantener en reserva el Capítulo II del acuerdo, que regula el examen preliminar internacional. Algunos laboratorios argentinos expresaron preocupación por los posibles efectos del mecanismo y advirtieron que podría favorecer a los titulares de patentes extranjeras y generar condiciones propicias para prácticas monopólicas que afecten a la producción nacional.
Con las negociaciones todavía abiertas, Bullrich busca reunir los respaldos necesarios para convocar a la sesión y avanzar con una agenda que combina reformas sanitarias, compromisos internacionales y medidas de incentivo a las inversiones. Las objeciones al financiamiento de la Ley de Salud Mental y las diferencias en torno al tratado de patentes serán parte de las discusiones que deberá resolver el oficialismo para conseguir los votos.
