La reunión se realizó en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de formación impulsado por el papa Francisco, y contó con la participación de representantes de más de 70 organizaciones sindicales y sociales, además de referentes de distintas provincias que se sumaron de manera virtual.
Durante la jornada, los participantes plantearon reparos sobre el alcance de la iniciativa impulsada por el Gobierno y señalaron que podría generar consecuencias en materia de expropiaciones, desalojos, acceso a la vivienda, derechos de comunidades indígenas, extranjerización de tierras rurales y protección ambiental.
Uno de los principales puntos de debate fue la necesidad de incorporar el concepto de función social de la propiedad como criterio central dentro de cualquier modificación normativa. Los expositores sostuvieron que una reforma en esta materia no debería afectar a los sectores más vulnerables ni desconocer derechos sociales vinculados al acceso a la tierra y la vivienda.
Entre los participantes estuvieron el director del IFBC, Eugenio Raúl Zaffaroni; el presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), Roberto Andrés Gallardo; el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM/CGT), Marcelo Pariente; la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas; el secretario de organización de ATE Capital, Rodrigo Recalde; el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo; y el dirigente Lito Borello.
También participaron de manera virtual la referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Deolinda Carrizo, y la exembajadora argentina ante Naciones Unidas, Marita Perceval.
El debate se dio en línea con cuestionamientos expresados previamente por sectores de la Iglesia Católica. El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, había señalado ante el Senado que la iniciativa podía significar un retroceso en materia de acceso a la vivienda en barrios populares. En tanto, la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifestaron su preocupación por el impacto del proyecto sobre la soberanía territorial, los bienes comunes y los derechos de los pueblos originarios.
Durante el encuentro también se presentó la Mesa Intersindical y de Movimientos Populares “Papa Francisco”, una iniciativa que reúne organizaciones sindicales y sociales de distintos espacios con el objetivo de impulsar la defensa de los derechos laborales y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La nueva mesa contará con el respaldo técnico-académico del IFBC y buscará articular acciones entre sindicatos, movimientos populares y organizaciones vinculadas al trabajo y la defensa de derechos sociales.
