El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el envío del proyecto y señaló que la normativa vigente tiene dos décadas y requiere una actualización para adecuarse a la realidad actual de la industria. La propuesta había sido anticipada durante su discurso ante la Asamblea Legislativa y será presentada antes del Mendoza Energy Summit.
Uno de los principales cambios estará relacionado con las regalías. Actualmente, la provincia aplica una alícuota general del 12% sobre la producción, con la posibilidad de reducirla hasta el 5% de acuerdo con las características de cada proyecto.
El nuevo esquema plantea establecer una regalía de referencia del 15% para las futuras licitaciones, aunque las empresas podrán ofertar porcentajes superiores o inferiores. De esta manera, el valor podrá variar según las condiciones de cada área y el tipo de inversión requerida.
La adjudicación tampoco dependerá exclusivamente del porcentaje de regalías ofrecido. El proyecto contempla considerar el valor integral de cada iniciativa, la producción prevista y las inversiones comprometidas, con especial importancia para el monto de inversión.
La propuesta incorpora además herramientas para incentivar la recuperación de producción en áreas convencionales donde la actividad presenta mayores dificultades. El Poder Ejecutivo podrá establecer reducciones de regalías para reactivar pozos inactivos, realizar nuevas exploraciones o desarrollar proyectos de recuperación mejorada. En determinadas circunstancias y con respaldo técnico, la alícuota podría ubicarse por debajo del 5%.
También se contempla la posibilidad de compensar parcialmente el canon de explotación cuando una empresa realice nuevas inversiones vinculadas con actividades de riesgo exploratorio. Para acceder a este mecanismo, el monto invertido deberá ser como mínimo equivalente al doble de la compensación solicitada.
En materia de exploración, el proyecto también prevé reducciones de hasta el 80% del canon correspondiente a permisos prorrogados.
Otro de los ejes de la reforma es la incorporación de un régimen específico para la explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la legislación provincial de 2006. El nuevo marco permitirá reconvertir concesiones de acuerdo con la normativa nacional y establecer condiciones particulares para los proyectos no convencionales.
La medida apunta especialmente al desarrollo de Vaca Muerta en Mendoza, con foco en el departamento de Malargüe, donde este tipo de actividad requiere inversiones de largo plazo y condiciones diferentes a las de los yacimientos convencionales.
El proyecto también incorpora reglas para los casos en que se superpongan derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos. Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia mediante acuerdos y soluciones que permitan compatibilizar sus aspectos técnicos, operativos, ambientales y temporales.
La superposición de proyectos no implicará por sí misma la caducidad o extinción de los derechos involucrados. Los titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas para desarrollar las actividades. Cuando la convivencia resulte inviable o genere riesgos para la seguridad, el ambiente, los yacimientos o el aprovechamiento de los recursos, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo, con participación de las autoridades mineras e hidrocarburíferas y consulta a los interesados.
La iniciativa también modifica el régimen de sanciones. Las multas dejarán de estar expresadas en montos fijos en pesos y pasarán a calcularse tomando como referencia el precio de la nafta súper. Las infracciones serán clasificadas como leves, graves, muy graves y gravísimas.
Para determinar el monto de las sanciones se tendrán en cuenta factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y las acciones adoptadas para corregir las faltas.
Por último, el proyecto propone crear una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera destinada a financiar tareas de inspección, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. El importe no podrá superar el 0,8% del total correspondiente a regalías y cánones de cada actividad.
El Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el control de la producción, el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y la supervisión de los pozos desde su perforación hasta el cierre definitivo, en coordinación con la autoridad ambiental.
