El tribunal oral que difundió hoy los fundamentos de su condena por estafa contra Cristina Kirchner, que ella definió como un “pelotón de fusilamiento”, está formado por tres jueces a los que ella misma nombró durante su gobierno.
Los tres son de carrera judicial. Entraron a los tribunales de muy jóvenes y no se les conoce militancia política. Intervinieron en causas de gran relevancia pública -en algunas juntos; en otras, por separado-, desde la tragedia de Once y las muertes del 20 de diciembre de 2001, hasta la bolsa de Felisa Miceli, el caso de Oil Combustibles y la administración fraudulenta de Romina Picolotti. Juzgaron también a represores en casos de lesa humanidad y a bandas de narcotraficantes, pero ninguno de esos procesos tuvo la entidad y el impacto político de este caso y ellos lo saben.
Cuando la citaron a juicio, Cristina Kirchner no estaba en el poder y tres días antes de que empezaran las audiencias, anunció que iba a ser candidata a vice de Alberto Fernández. Después, con el juicio en marcha, se convertiría en la líder política más influyente del país.
Jorge Gorini fue el responsable, en diciembre pasado, de leer el veredicto condenatorio. Lleva 35 trabajando en Tribunales. Empezó en la justicia de instrucción (los tribunales penales ordinarios, no federales), donde fue diez años secretario. Después, fue defensor oficial en la justicia porteña y en 2005 ganó el concurso para ser juez penal de primera instancia, pero estuvo pocos meses en ese cargo porque fue nombrado subrogante en un tribunal oral de Comodoro Py, vecino al que integra hoy. Cuando se abrió un concurso para cuatro vacantes en los tribunales orales federales, Gorini concursó y se convirtió en titular del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), donde juzgó a Cristina Kirchner. En ese mismo concurso fue nombrado su colega Giménez Uriburu.
Durante el juicio, la defensa de Cristina Kirchner recusó a Gorini por haber visitado a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez argumentó que la fue a ver porque estaban a punto de quedar firmes las condenas por la tragedia de Once y no quería que pasara con Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi lo que sucedió con Amado Boudou, de quien se filtraron fotos, descalzo y en pijama, en el momento de su detención. También dijo que fue a hablar con la ministra porque le preocupaba saber quién se ocuparía de su custodia con el traspaso de la policía a la Ciudad (Gorini había sido amenazado durante la causa AMIA). La defensa de Cristina Kirchner advirtió que esas no fueron las razones de la visita que quedaron consignadas en las actas del Ministerio; Gorini respondió que él nada tenía que ver con eso.
Además de juez penal, Gorini es jurado de boxeo profesional. Desde que se casó, en 1994, vive en Villa del Parque. El 15 de septiembre pasado, en la vereda de su casa encontró un objeto sospechoso. La policía lo hizo detonar y resultó ser un paquete con cuatro mandarinas. Gorini ya había vivido durante este juicio un hecho amenazante: a los tres jueces del caso Vialidad -y a otros- les vulneraron sus declaraciones juradas, que aparecieron abiertas en el Consejo de la Magistratura.
Rodrigo Giménez Uriburu entró a Tribunales a los 18 años, como meritorio (sin sueldo) de un juzgado de Instrucción, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). Cinco años después, pasó a Comodoro Py como relator de un tribunal oral. También fue prosecretario y secretario. Durante un tiempo trabajó en el juzgado 9, el de Juan José Galeano (a quien conocía de sus inicios en Instrucción), para la elevación a juicio del caso del ataque a la AMIA.
Fue por eso que se excusó de juzgar a Galeano por el encubrimiento del atentado. De hecho, esa excusación fue la primera decisión que tomó como juez. Entre las causas de relevancia pública más importantes que tuvo están la tragedia de Once y el caso por las muertes del 20 de diciembre, en el que condenó al exsecretario de la Alianza Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Rubén Santos. Además, dictó las condenas de Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural. Y de Miceli por la bolsa.
Giménez Uriburu también fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner. Fue por compartir equipo de fútbol con el fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, y haber jugado en el torneo de la quinta Los Abrojos, de Macri, que también participaba de los campeonatos allí. Giménez Uriburu dijo que desde 2007 -cuando recibió esta causa- ya no jugaba ese torneo y que nunca había compartido cancha con Macri. En septiembre pasado, denunció que le habían hackeado su teléfono.
Andrés Basso, el juez del tribunal que consideró que Cristina Kirchner debió ser condenada también por asociación ilícita, es en realidad del TOF 3. Fue convocado para intervenir en el caso Vialidad por la muerte de otro magistrado. Comenzó su carrera judicial en los tribunales federales de La Plata (es graduado de la Universidad Nacional de La Plata), después pasó a Lomas de Zamora y desde 2015 es juez en Comodoro Py. Su designación la firmó Cristina Kirchner poco antes de dejar el poder.
Entre las sentencias que dictó últimamente están la absolución de Carlos Telleldín en el segundo juicio por el atentado a la AMIA y la condena al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en el caso de Oil Combustibles. En ese juicio, Basso votó en soledad por condenar también a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, que, por decisión de sus colegas en ese juicio, terminaron absueltos.
Y Basso falló en otro juicio muy sensible para Cristina Kirchner; en aquella oportunidad, en contra de quienes sostuvieron una versión falsa que la perjudicaba. Basso condenó a dos testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos (quisieron instalar que la había ido a ver a ella, mientras era presidenta). Basso los condenó por falso testimonio y ordenó además que primera instancia profundizara la investigación sobre los ideólogos de la maniobra.
