El shopping Oh! Buenos Aires, proyectado para reemplazar al antiguo Buenos Aires Design, enfrenta un nuevo conflicto económico y judicial que se suma a las demoras en su apertura. La constructora Cortes y Sistemas demandó por $840 millones más IVA, intereses y costas a Hatzlaja, la empresa concesionaria del predio, por presuntos incumplimientos en el contrato de obra.
La presentación judicial incluye un pedido de embargo preventivo sobre las cuentas y los bienes de la concesionaria. Según la constructora, el contrato firmado el 19 de diciembre de 2022 fue suscripto en representación de Hatzlaja por Marcelo Porcel, quien entonces actuaba como apoderado y socio de la firma.
Aunque Porcel no figura como demandado directo en esta causa comercial, la constructora solicitó que también respondan los directivos, administradores, socios formales y ocultos y controlantes de la sociedad. Para avanzar en ese planteo, pidió a la Inspección General de Justicia el legajo completo de la empresa.
El conflicto se originó en un contrato bajo la modalidad llave en mano por $1.000 millones más IVA. El acuerdo contemplaba un anticipo del 15% sin actualización y el ajuste del saldo restante según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El plazo de ejecución iba desde enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2024.
De acuerdo con la demanda, desde octubre de 2023 comenzaron a acumularse facturas vencidas e intimaciones de pago. La constructora sostiene que Hatzlaja certificaba el avance de los trabajos, pero autorizaba facturar solo una parte de lo ejecutado.
A las dificultades de pago se sumaron demoras en la contratación de terceros para tareas esenciales, como instalaciones, pintura, ascensores y escaleras mecánicas. Según la presentación judicial, el plan de trabajos llegó a tener 16 versiones y las escaleras mecánicas ingresaron al predio después de vencido el plazo contractual.
Otro punto de controversia fue la denuncia de un presunto robo ocurrido el 6 de mayo de 2024 en las oficinas de la concesionaria. Hatzlaja informó la sustracción de $26,5 millones, US$119.000 y otros US$4.800, y buscó responsabilizar a la constructora por supuestas fallas de seguridad.
Cortes y Sistemas rechazó esa responsabilidad y sostuvo que su obligación era custodiar el predio y los elementos de obra, no las oficinas de la concesionaria ni el dinero que pudiera guardarse allí. También solicitó que un perito examine los registros contables de Hatzlaja para determinar cómo quedó asentado el supuesto robo.
La concesionaria, por su parte, reclamaba la devolución del anticipo actualizado, por unos $200 millones, pese a que el contrato establecía que ese pago no contemplaba ajustes.
El 25 de junio de 2024, la constructora rescindió el acuerdo por incumplimientos que atribuyó a Hatzlaja. En la demanda calculó un daño emergente de $546,4 millones por facturas impagas, certificados pendientes de facturación, mayores costos de permanencia y materiales retenidos. A esa cifra agregó $294,3 millones en concepto de lucro cesante.
La demora del proyecto, sin embargo, comenzó antes del enfrentamiento entre ambas empresas. La concesión fue firmada el 17 de julio de 2020, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el acta de inicio de obra se rubricó el 16 de noviembre de 2021. Un informe entregado a la administración de Jorge Macri en diciembre de 2023 estimaba un avance inferior al 30%, frente al 50% que reclamaba la constructora.
Desde enero de 2024, Hatzlaja acumuló cinco multas por incumplimientos contractuales, según los registros mencionados en la información. Tras la salida de Cortes y Sistemas en junio de ese año, los trabajos continuaron y el informe de septiembre de 2026 registró un avance del 99%.
El Gobierno porteño prevé habilitar aperturas parciales, comenzando por los locales que dan a la avenida Pueyrredón. De cumplirse el cronograma, los primeros comercios abrirán mientras continúa el reclamo económico de la constructora, que busca recuperar una deuda millonaria por los trabajos realizados.
En paralelo, Marcelo Porcel enfrenta una causa penal en la que está procesado por presuntos delitos contra menores, acusaciones que niega. El empresario cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. La causa penal y el litigio comercial son procesos distintos, mientras el futuro del shopping continúa condicionado por las consecuencias de la prolongada demora y el conflicto entre la concesionaria y su contratista.
