Las modificaciones forman parte de los cambios impulsados por el Gobierno sobre la Ley de Contrato de Trabajo y ya generan interrogantes sobre su aplicación. Uno de los principales debates se concentra en los trabajadores que comenzaron sus relaciones laborales bajo la legislación anterior y podrían ser despedidos durante 2026.
La abogada Cinthia J. Calderón, del Estudio Sánchez Ferré, explicó que la nueva normativa conserva la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. Sin embargo, modifica la manera de determinar la remuneración que se utiliza como referencia.
La base indemnizatoria debe considerar la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Para establecer qué conceptos son habituales, la ley toma aquellos devengados durante al menos seis meses en el último año calendario. En cuanto a la normalidad, contempla el promedio de los últimos seis meses o del último año, según cuál resulte más favorable para el trabajador.
También quedaron expresamente excluidos los conceptos que no tienen periodicidad mensual, entre ellos el aguinaldo, las vacaciones no gozadas y los premios extraordinarios o bonos anuales.
Otro cambio relevante es la eliminación de las multas que contemplaba el régimen anterior para los casos de empleo no registrado o registrado de manera incorrecta. Bajo la legislación previa, esas sanciones podían incrementar considerablemente el monto final de la indemnización.
La reforma también modificó el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el reconocimiento de la antigüedad. La nueva disposición contempla el tiempo trabajado desde el inicio de la relación laboral, incluidos los sucesivos contratos a plazo, y reconoce los períodos anteriores cuando una persona vuelve a trabajar para el mismo empleador dentro de los dos años posteriores al cese del vínculo.
En relación con los límites indemnizatorios, se mantiene el tope de tres veces el promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable. No obstante, la norma establece que ese límite no puede reducir la base de cálculo por debajo del 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador.
Uno de los puntos que podría generar mayores controversias judiciales es la aplicación temporal de la reforma. Según Calderón, el criterio general indica que debe utilizarse la legislación vigente al momento del despido, incluso cuando el trabajador haya comenzado su vínculo laboral bajo las reglas anteriores.
Sin embargo, la especialista advirtió que esta interpretación ya fue cuestionada en tribunales. La discusión se relaciona con el principio protectorio del derecho laboral y con la posibilidad de que una ley posterior reduzca determinadas protecciones en relaciones contractuales iniciadas antes de su entrada en vigencia.
Entre los aspectos que podrían ser objeto de revisión judicial aparecen la constitucionalidad de algunas disposiciones, la exclusión de determinados rubros de la base indemnizatoria y su compatibilidad con los principios de no regresividad y respeto por los derechos adquiridos.
Como antecedente, Calderón mencionó un fallo de junio de 2026 del Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan, en la causa “Dias Olivera Priscila Selena y otras c/ Olivera Alberto Horacio y otro s/ Ordinario”. En esa resolución, el tribunal consideró que la Ley 27.802 no podía aplicarse temporalmente porque el contrato laboral había comenzado antes de su entrada en vigencia. Además, declaró inconstitucional el artículo 55 al entender que afectaba el derecho de propiedad, el principio de igualdad y la no regresividad.
La implementación de otros componentes de la reforma también podría generar nuevas discusiones. Entre ellos se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya reglamentación fue establecida mediante el Decreto 408/2026, con disposiciones operativas y una fecha de entrada en vigencia fijada para el 1 de noviembre de 2026.
De esta manera, la reforma ya establece nuevas reglas para calcular las indemnizaciones por despido, pero su alcance definitivo dependerá también de cómo se resuelvan las controversias sobre su aplicación y de los criterios que adopten los tribunales frente a los cuestionamientos planteados.
