A través de un comunicado de la Cancillería, la administración nacional cuestionó que se atribuya esa condición a instituciones militares que, según sostuvo, están subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus actividades en cumplimiento de las leyes argentinas y del derecho internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también vinculó la respuesta iraní con las investigaciones judiciales por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la AMIA, perpetrado en 1994. En ese sentido, volvió a reclamar que las autoridades de Irán colaboren con la Justicia argentina y cumplan las órdenes internacionales de detención que continúan vigentes.
La Cancillería sostuvo que el régimen iraní no cooperó con las investigaciones y recordó que algunas personas requeridas por los tribunales argentinos fueron designadas en cargos de alta responsabilidad dentro de su estructura estatal. También señaló que, a más de tres décadas de los atentados, los acusados todavía no comparecieron ante la Justicia local.
Frente a esa situación, el Gobierno reclamó que Irán entregue a los requeridos para que puedan ser juzgados en la Argentina. Además, reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los ataques, la memoria de las víctimas y el acompañamiento a sus familiares y a la comunidad judía del país.
La decisión de Teherán había sido anunciada horas antes y se fundamentó en el principio de reciprocidad. Las autoridades iraníes respondieron así a la determinación de Milei de declarar organización terrorista a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar e ideológico de la República Islámica.
Esa designación permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización. Como contrapartida, Irán recurrió a una legislación aprobada en 2019 para incluir a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en su listado de organizaciones terroristas.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní advirtió que el Gobierno argentino deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias que puedan derivarse de la medida.
La reacción oficial también recibió el respaldo de dirigentes del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión iraní y sostuvo que la calificación realizada por ese país refleja las diferencias políticas y de valores entre ambos gobiernos.
La legisladora recordó los atentados perpetrados en territorio argentino y acusó al régimen iraní de vulnerar los derechos humanos de su propia población. También mencionó la represión de manifestaciones y las ejecuciones de ciudadanos, entre ellos mujeres y miembros de distintos colectivos sociales.
Por su parte, el diputado nacional Luis Petri aseguró que la Argentina no modificará su postura frente a las amenazas y calificó a Irán como un Estado terrorista, al recordar su vinculación con los ataques contra la AMIA y la Embajada de Israel.
El exministro de Defensa afirmó que el país continuará reclamando justicia y condenando tanto a las autoridades iraníes como a las organizaciones vinculadas con ese régimen. Además, defendió el carácter democrático de las Fuerzas Armadas argentinas y sostuvo que el Gobierno mantendrá su posición de rechazo al terrorismo.
El cruce diplomático profundiza así las diferencias entre Buenos Aires y Teherán, en un escenario marcado por las decisiones argentinas contra estructuras militares iraníes y por los reclamos históricos de justicia relacionados con los atentados cometidos en el país.
