Fuentes cercanas a la operación señalaron que el Ministerio de Economía deberá asegurar esos fondos en las próximas semanas para poder hacer efectivo el pago que corresponde el 8 del próximo mes.
La estrategia fue formalizada a través del Decreto 478/2026, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
De acuerdo al decreto, el propósito es “reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional” a través de operaciones en dólares con entidades financieras internacionales de probada trayectoria.
Los préstamos sindicados contarán con garantías parciales de organismos multilaterales, incluyendo 550 millones de dólares del BID, que implican una operación global de 1250 millones, y 2000 millones del Banco Mundial.
Esta autorización faculta al Ministerio de Economía, por medio de sus secretarías de Hacienda y Finanzas, a proceder con préstamos de hasta 5000 millones de dólares. Esta cantidad servirá para cumplir con los compromisos de deuda que vencen a principios de julio y fortalecerá el margen financiero del Tesoro.
El decreto también le otorga al Gobierno la facultad de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales tanto estatales como federales de Nueva York, una práctica común en las operaciones de financiamiento internacional. Además, se autoriza a renunciar a la defensa de inmunidad de jurisdicción, aunque se aclara que esto no implicará renunciar a la inmunidad de ejecución sobre los activos sensibles del Estado argentino.
Cabe recordar que las emisiones bajo la ley de Nueva York y otras jurisdicciones extranjeras provocaron juicios contra el Estado tras el default, en particular por parte de los fondos buitre, y aún hoy el Gobierno todavía enfrenta pagos pendientes a 25 años del default de 2021. A pesar de esto, el equipo económico considera que recurrir a la ley extranjera es esencial para cumplir con las normativas del mercado.
Los bienes protegidos según la norma incluyen reservas y cuentas del Banco Central, bienes de dominio público, activos destinados a servicios públicos esenciales, así como bienes diplomáticos, militares, culturales, impuestos y regalías, además de cualquier bien que esté declarado inembargable por la ley.
La resolución también permite al Ministerio de Economía establecer las condiciones financieras de la operación, incluyendo plazos, monedas, métodos, y designar bancos internacionales, agentes fiscales, de pago, registro, cálculo, custodia, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios. Aun queda por definir públicamente esa hoja de ruta.
Asimismo, el decreto contempla el pago de comisiones, honorarios y otros gastos vinculados a la operación, siempre bajo condiciones que se alineen con los estándares del mercado de capitales internacionales.
Este movimiento forma parte de un esfuerzo del Gobierno para aliviar el calendario de vencimientos de corto plazo sin recurrir a una emisión convencional. Caputo ha manifestado que están garantizados los vencimientos de deuda hasta 2027, gracias a una estrategia que incluye estos préstamos garantizados, así como ingresos derivados de privatizaciones y licitaciones para captar dólares en el mercado local.
Los vencimientos hasta el final del mandato ascienden a 30.000 millones de dólares. Con las garantías parciales de organismos multilaterales, el Gobierno busca mejorar las condiciones de acceso al crédito y reducir la tasa de interés que tendría que afrontar en el mercado internacional. Según el funcionario, esta tasa podría situarse en torno al 6,5%, mientras que, a pesar de la disminución del riesgo país, salir al mercado podría implicar tasas de entre 9 y 10%.
Los costos asociados a esta operación se imputarán a la Jurisdicción 90, correspondiente al Servicio de la Deuda Pública.
