El Tribunal Oral Federal 2 resolvió conceder a Cristina Kirchner el recurso de Casación que había presentado para que se revise el método de cálculo del decomiso de 537 millones de dólares que la Justicia le reclama en el marco de la Causa Vialidad. A pesar de esta decisión, el mismo tribunal dispuso iniciar el proceso para individualizar sus bienes, con el objetivo de ejecutar la sentencia y remitir esa información a la Corte Suprema.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron el planteo de la exmandataria para suspender la medida hasta que exista un fallo firme que determine el monto definitivo. Según el TOF 2, el planteo de la referente de Fuerza Patria «excede la mera impugnación» y cuestiona cifras y fundamentos que «ya no son susceptibles de modificación».
En el fallo, los magistrados subrayaron que la cifra inicial del decomiso, que ascendía a unos 85.000 millones de pesos al momento de la condena, deriva de «hechos gravísimos de corrupción» y que fue ratificada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Sobre esa base se aplicó la actualización calculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, usando el índice de precios al consumidor del INDEC, lo que llevó a la suma actual de 537 millones de dólares.
Cristina Kirchner, por su parte, asegura que «no posee patrimonio vinculado al delito» por el que fue condenada y que la evolución patrimonial de ella y su familia «resulta absolutamente legítima». En su escrito insistió: «No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables».
La defensa, liderada por Carlos Beraldi, cuestiona el mecanismo de actualización y señala que, de haberse aplicado la tasa pasiva del Banco Nación —como en otros expedientes derivados de Vialidad, entre ellos Hotesur-Los Sauces—, el monto final sería 100 veces menor. Para los abogados, el uso del índice de precios «es técnicamente inadecuado, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes», por lo que solicitan la nulidad de la intimación y la suspensión de cualquier ejecución.
La postura de la Justicia
El tribunal defendió su elección por la solidez del informe oficial, elaborado siguiendo las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, y por la coherencia de mantener el mismo criterio ya usado para la primera actualización monetaria en diciembre de 2022. «Que se haya calificado un método como ‘razonable’ no implica que se lo considere ideal, sino que servía a los fines de dar respuesta a una necesidad concreta de actualización de ciertos conceptos», argumentaron los jueces, rechazando que exista una «doble vara» contra la exmandataria.
Asimismo, el TOF 2 desestimó el cálculo del perito de parte de Cristina Kirchner, que estimaba el decomiso en 42.000 millones de pesos, al considerar que «adolece de errores» y no reúne la objetividad e independencia exigidas a los auxiliares oficiales de la Justicia.
Los magistrados recordaron que la condena por administración fraudulenta contra el Estado ya fue revisada en varias instancias y que el monto del decomiso es inconmovible en esta etapa. «Ninguna de las cuestiones introducidas logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada en contra de sus intereses», afirmaron.
