El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno nacional finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares que se mantenían hace décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, y dio de baja 1.796 pensiones por invalidez otorgadas en Chaco por la Agencia Nacional De Discapacidad, ANDIS, que no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas. Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, advirtió: “Esto recién empieza, vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda”
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni explicó que los contratos a cargo de ACARA que fueron rescindidos por el Ministerio de Justicia, “durante décadas se mantuvieron por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”.
A su vez, el funcionario informó que también se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que “en un principio se pagaban para que los empleados se capaciten pero se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin contraprestaciones que lo justifiquen”. Esta erogación representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos.
El vocero resaltó, además, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Transporte, puso fin al monopolio que mantenía el sindicato Unión Tranviarios Automotor, UTA, en torno a las capacitaciones obligatorias que requerían a los conductores para sacar la licencia profesional, por lo que el gremio recibía anualmente más de 11 mil millones de pesos desde el año 2019.
Por otro lado, Adorni indicó que una nueva auditoría de la Agencia Nacional De Discapacidad en la provincia de Chaco detectó que de 2.344 beneficiarios, solo 365 cumplían con los requisitos para mantener el beneficio de la pensión por invalidez, por lo que 7 de cada 10 pensiones “no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas”.
“Como dijimos siempre y como venimos haciendo, toda caja que encontremos donde es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar”, concluyó.
Mariano Cúneo Libarona confirmó el despido de 2.400 contratos del Ministerio de Justicia
En consonancia con lo anunciado por el vocero presidencial, el titular de la cartera de Justicia confirmó el despido de 2.400 personas bajo “contratos irregulares”. Los mismos pertenecían al Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En detalle, ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y monopoliza la distribución oficial de los insumos necesarios para la transferencia o inscripción de un 0km o usado. Además de brindar capacitaciones, cursos y organizar convenciones entre los concesionarios miembros, el ente también es el encargado de proveer todos los formularios que se utilizan para la compraventa de automotores.
A modo de ejemplo, la asociación interviene cuando una persona se acerca a comprar un auto 0km, ya que la concesionaria que vende el vehículo obtiene todos los formularios necesarios y las chapas patente a través de ACARA. Por otro lado, en caso de que se quisiera firmar un 08 para la transferencia de un auto usado, la documentación a entregar también será distribuida por el Ente.
Este organismo se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década del 80. Durante la gestión radical, se sancionaron las leyes 23.283 y 23.412, que habilitaron los entes de cooperación técnica.
Según detalló el Gobierno, los contratos serán finalizados a partir del 31 de diciembre de 2024. Además, se eliminará el pago de “incentivos” discrecionales, que según explicaron desde la gestión libertaria, representaban una erogación anual de $15.600 millones de pesos.
Al respecto, Cúneo Libarona afirmó: “Este mecanismo, utilizado durante décadas por administraciones anteriores, permitió esquivar controles, contratar personal de manera irregular y otorgar incentivos arbitrarios, evadiendo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.
En este sentido, el titular del Ministerio de Justicia subrayó que “el Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría”. Además, Cúneo Libarona agregó: “Estas decisiones son parte de un proceso para ajustar cada privilegio, cerrar las cajas de la política y garantizar transparencia en la Administración Pública”.
Nueva auditoría por pensiones irregulares
En otro orden, Adorni confirmó que en una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizada en la provincia de Chaco, se detectó que 7 de cada 10 pensiones se otorgaron de manera irregular
“De 2.344 beneficiarios solo 365 cumplían los beneficios para recibir la pensión por invalidez”, sumó. “Encontramos una mujer que recibía una pensión por la amputación de un brazo y se presentó y tenía los dos. Y otra mujer también que supuestamente tenía cáncer de mama pero ni siquiera se había hecho en su vida una mamografía”, agregó.
