La exgobernadora “había dicho que no tenía ningún contacto con la AFI” cuando en realidad “el 29 de noviembre de 2019 devuelve un teléfono encriptado”, señaló la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, remarcó el compromiso del presidente Alberto Fernández de llevar “el estado de derecho” al organismo para “institucionalizarlo de todas las formas posibles”.
“Cuando el Presidente me convocó en diciembre del 2019 me dijo que lo que tenía que hacer era llevar el estado de derecho a la Agencia Federal de Inteligencia y transformarla en un organismo más. La idea fue institucionalizarla”, apuntó Caamaño en declaraciones a Radio Nacional.
La interventora contó que al asumir en la AFI encontró a la institución “muy desmantelada” y aseguró que no había “documentación que avalara lo que se había hecho” durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Estaba todo muy desordenado y nosotros tuvimos que reconstruir lo que había en la Agencia para poder dar cierta trazabilidad. Quien me suceda como directora o director podrá ver todo lo que se hizo”, indicó.
“Cuando el Presidente me convocó en diciembre del 2019 me dijo que lo que tenía que hacer era llevar el estado de derecho a la Agencia Federal de Inteligencia y transformarla en un organismo más. La idea fue institucionalizarla”
En este sentido, la funcionaria explicó que para comenzar a revertir la situación, comenzaron a “hacer una política de gobierno”, por ejemplo, bancarizando a los agentes que hasta ese entonces “cobraban en sobre”.
Asimismo, detalló que en la primera reunión con los directores de las delegaciones de las provincias les preguntó a qué se dedicaban y recordó que “el que estaba en el Sur seguía a la comunidad mapuche; el que estaba en Mendoza a los antimineros; el que estaba en Córdoba a los anarquistas; en la Ciudad de Buenos Aires seguían a las mujeres de pañuelo verde”, por eso “hubo que barajar y dar de nuevo”.
Caamaño enumeró también algunas de las denuncias que ya realizó la AFI desde el inicio de la intervención, tales como “la del espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan y las fichas de los periodistas y académicos que participaron de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC ) y del G20“.
“También encontramos mails pinchados de muchos políticos y denunciamos el desmanejo de fondos. La Agencia compró armas y las vendió a sus agentes, cosa que está prohibido”, aseguró.
En cuanto al video presentado a la Justicia que documenta una reunión que en junio de 2017 se celebró en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción con la intención de orquestar acciones contra los gremios, Caamaño dedujo que esos encuentros se registraron con el propósito de “tener agarrados” a los participantes “para que no pudieran sacar los pies del plato”.
“El silencio de Vidal durante diez días fue porque se sintió descubierta en sus manejos. Se dieron cuenta que lo mismo que pasaba a nivel nacional con la mesa judicial de Nación, se replicaba en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Caamaño.
En esa línea, criticó que, en una entrevista en el canal La Nación +, la exgobernadora “había dicho que no tenía ningún contacto con la AFI” cuando en realidad “el 29 de noviembre de 2019 devuelve un teléfono encriptado”.
La interventora detalló que durante el gobierno de Cambiemos hubo 120 teléfonos encriptados en la agencia, comprados en Estados Unidos y de los cuales “la mitad fueron entregados a agentes y el resto a funcionarios del Gobierno nacional y amigos del poder”.
