La clave para prevenir problemas y proteger tanto el patrimonio personal como el empresarial es entender con precisión la naturaleza del procedimiento iniciado, cumplir estrictamente con los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Tributario y ejercer el derecho de defensa de manera documentada y profesional. A continuación, se presentan detalles y pasos a seguir.
Las acciones del organismo fiscalizador se agrupan según su gravedad y propósito.
Existen procesos automatizados e impersonales que surgen a partir de inconsistencias detectadas a través del cruce de bases de datos. En esta fase, no interviene un inspector físico y los procesos se llevan a cabo de manera digital.
Se incluyen situaciones en las que el fisco solicita la presentación de documentación específica, como libros contables y facturas, o exige el pago de deudas ya liquidada.
Los procedimientos de mayor complejidad son iniciados por ARCA cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones juradas, o cuando las mismas se consideran inexactas o falsas y, en consecuencia, el fisco calcula la materia imponible de forma directa.
La etapa formal consiste en discutir si es pertinente aplicar una multa por una infracción cometida.
Las penalizaciones pueden surgir por el incumplimiento de deberes administrativos, como la falta de presentación de una declaración jurada en la fecha estipulada (Art. 38, Ley 11.683) o por no responder a un requerimiento (Art. 39).
Asimismo, existen sanciones relacionadas con la falta de pago de impuestos, que varían desde la omisión culposa (Art. 45) hasta la defraudación dolosa (Art. 46), las cuales son calculadas en función de un porcentaje del tributo evadido.
El Domicilio Fiscal Electrónico es la vía principal para las comunicaciones. ARCA considera que un acto es legalmente notificado cuando se encuentra en esta plataforma.
Además, las visitas de inspectores con actas físicas continúan realizándose para verificaciones operativas en comercios o plantas industriales, con la obligación de que el funcionario acredite su identidad mediante una credencial oficial con código QR.
Ante el aviso de una fiscalización, se aconseja a los especialistas seguir un protocolo ordenado para proteger los derechos del contribuyente.
Es fundamental verificar de manera exhaustiva que el CUIT, los nombres y el impuesto mencionado correspondan a la situación fiscal real, para evitar errores administrativos por parte del organismo.
También se debe identificar con precisión la fecha de vencimiento legal del requerimiento, para calcular los días hábiles administrativos disponibles para la respuesta.
Es indispensable distinguir si se trata de un pedido de información preventivo, como una inconsistencia de datos, o de una sanción en firme.
Se recomienda consultar de inmediato con un asesor contable o legal para establecer una estrategia de respuesta y así evitar contestaciones erróneas.
El principal error en esta etapa es ocultar la notificación por temor, lo que podría llevar al vencimiento automático de los plazos legales y privar al contribuyente de la opción de presentar descargos o corregir declaraciones con reducciones de multas por presentación espontánea.
La respuesta a un requerimiento formal debe ser precisa, sistemática y estructurada. No se deben aportar datos no solicitados, pero tampoco se debe omitir documentación que aclare las inconsistencias detectadas por el fisco.
Si la documentación solicitada (como libros contables o archivos analíticos) es difícil de reunir, el contribuyente tiene derecho a pedir una prórroga. Esta solicitud debe ser presentada de manera digital antes de la fecha de vencimiento original, justificando razones fundadas. ARCA suele conceder entre 5 y 10 días hábiles adicionales, dependiendo de la complejidad de la fiscalización.
Las multas deben ser sustanciadas en un sumario que garantice el derecho a ser oído. Por otro lado, las sanciones automáticas, como la falta de presentación de una declaración jurada en la fecha estipulada, se notifican de forma electrónica.
En el caso de las multas materiales por omisión o defraudación, ARCA debe demostrar la conducta del contribuyente. Si este regulariza su situación pronto, la Ley de Procedimiento Tributario permite una significativa reducción de las sanciones monetarias, eximiendo al infractor de la pena máxima si se reconoce la deuda a tiempo.
Ignorar las comunicaciones formales de ARCA agrava la situación fiscal del contribuyente:
El fisco se encuentra habilitado para establecer la deuda por sus propios criterios (Determinación de Oficio sobre base presunta).
La caída en las categorías del Sistema de Perfil de Riesgo limita el acceso a planes de pago y otros beneficios.
La falta de respuesta reiterada puede llevar al organismo a solicitar medidas cautelares judiciales.
Los tributaristas coinciden en tres principios esenciales para el actual contexto de control digitalizado:
El Domicilio Fiscal Electrónico permite asociar un correo personal y un teléfono celular. Configurar alertas evita que una notificación pase desapercibida.
Las respuestas a las fiscalizaciones electrónicas deben ser técnicas y breves. Es recomendable adjuntar archivos PDF legibles, organizados cronológicamente y firmados por el profesional responsable.
Dado que desaparecieron los archivos físicos, es importante organizar las facturas electrónicas, extractos bancarios y contratos escaneados por un período mínimo de 5 años, que es el plazo general de prescripción de las acciones del fisco.
Toda comunicación formal debe ser enviada a través del Domicilio Fiscal Electrónico utilizando la clave fiscal. Si un inspector se presenta físicamente, el contribuyente tiene derecho a solicitar su credencial oficial y verificarla escaneando el código QR para asegurarse de que está ante un agente autorizado.
Una intimación exige que se cumplan obligaciones pendientes o que se pague una deuda determinada. En cambio, una fiscalización es un proceso activo en el que el organismo evalúa la documentación contable y los movimientos bancarios del contribuyente para verificar la veracidad de las declaraciones juradas.
Generalmente, las fiscalizaciones electrónicas automatizadas brindan un plazo de 10 días hábiles administrativos desde que se considera perfeccionada la notificación. El incumplimiento de este plazo habilita al fisco a aplicar sanciones por faltas formales.
Cabe recordar que la Ley de Procedimiento Tributario permite pedir prórrogas para responder a los requerimientos, trámite que debe realizarse por internet antes de que venza el plazo original y justificando razonablemente la necesidad de más tiempo para reunir la documentación requerida.
Las multas formales se imponen por el incumplimiento de deberes administrativos, mientras que las materiales se centran en el impuesto no pagado, lo que implica omisión o defraudación al momento de liquidar el tributo.
ARCA tiene la facultad de emitir la boleta de deuda y puede iniciar un juicio de ejecución fiscal, facultando a sus agentes para realizar embargos preventivos sobre cuentas bancarias o activos financieros a través del sistema bancario en función de garantizar el cobro de los tributos adeudados.
Es fundamental que el cumplimiento de las obligaciones se realice de manera oportuna, desactivando la mayoría de las presunciones del organismo y asegurando que las controversias tributarias se mantengan en un ámbito técnico y legal.
