Esta investigación estaba a punto de ser elevada a juicio oral. Actualmente, el ex presidente enfrenta acusaciones por negociaciones incompatibles con su función pública e incumplimiento de los deberes que le competen como funcionario.
Uno de los hechos señalados se refiere a la firma del decreto 823/21 por parte de Fernández, que obligaba a todos los ministerios y entidades del Estado a contratar a Nación Seguros. Como consecuencia de esta decisión, el corredor Martínez Sosa y sus empresas recibieron el 60% de las comisiones generadas por los contratos de seguros.
Las acusaciones de negociaciones incompatibles que pesan sobre Fernández se basan en el procesamiento, que actualmente está bajo revisión, según la posición de Martínez Sosa en el listado de empresarios favorecidos por contratos supuestamente manipulados.
Con los procesamientos confirmados, la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, acudió a la Cámara de Casación Federal para solicitar la realización de una serie de pruebas que no se llevaron a cabo, las cuales podrían afectar la situación procesal del ex mandatario.
La Cámara de Casación no se pronunció sobre si Fernández cometió o no delitos de corrupción, sino que ordenó a la Cámara Federal, que había ratificado la acusación del juez Sebastián Casanello, revisar su decisión y evaluar la posibilidad de realizar pruebas adicionales.
En cumplimiento de esa directiva, los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah determinaron la falta de mérito, reabriendo el caso para una nueva instancia de instrucción. El caso fue inicialmente iniciado por el juez Julián Ercolini, quien llevó a cabo la primera ronda de indagatorias.
Al ser un juzgado en funciones vacantes que se subroga de manera rotativa, el juez Sebastián Casanello resolvió procesar a Fernández, Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria Cantero, así como a una amplia lista de empresarios. Actualmente, el expediente se encuentra nuevamente en la etapa de instrucción bajo la supervisión del juez Ariel Lijo.
Recientemente, Lijo firmó un documento donde comunicó las pruebas sugeridas por la Cámara Federal en relación a la falta de mérito. Uno de los aspectos centrales ordenados fue la realización de una pericia técnica.
El juez Lijo señaló que los magistrados de la Cámara de Apelaciones mostraron inclinación por “avalara hipótesis del magistrado en cuanto a que las erogaciones a favor de los intermediarios generaron un perjuicio patrimonial a Nación Seguros”. Sin embargo, los jueces coincidieron en la necesidad de realizar un peritaje exhaustivo que incluya todas las variables involucradas, antes de proceder a un eventual debate público.
Por esta razón, se debe profundizar el análisis contable sobre el daño ocasionado a las finanzas públicas, ya que lo provisorio del auto de mérito no implica realizar la instrucción sin contar con un informe detallado sobre la afectación económica que el delito en cuestión implica, afirmó Lijo.
Además, junto con la tarea encargada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, se ordenó la elaboración de un peritaje especializado por parte del Cuerpo de Peritos en Corrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al informar a los abogados de los acusados sobre esta decisión, se designaron peritos y se propusieron insumos para la pericia, totalizando cien aspectos a revisar. Será el juez Lijo quien determine qué puntos se incluirán en el peritaje. Fuentes judiciales señalaron que esto permite a Fernández “ganar tiempo” mientras se decide si se procederá a un nuevo procesamiento.
Además de la pericia contable, Lijo ha tomado varias declaraciones testimoniales solicitadas por la defensa de Fernández, tales como las de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central) y Martín Guzmán (exministro de Economía).
Una vez que se completen todas las medidas, el juez deberá decidir si procede nuevamente con el procesamiento de Alberto Fernández.
