El texto, firmado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, propone establecer un mecanismo para regularizar y programar el pago total o parcial de obligaciones derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas del sector público de la Ciudad. Los compromisos deberán estar devengados y ser exigibles al momento de la emisión de los títulos.
Según los fundamentos del proyecto, la medida busca garantizar el cumplimiento del plan de Gobierno y preservar la situación económica y financiera de los proveedores. Además, plantea organizar los vencimientos de manera que no se afecten las finanzas de la administración porteña.
La emisión contempla bonos en moneda local por un máximo de $600.000 millones, con un plazo mínimo de amortización de un año. La tasa de interés estará vinculada a la TAMAR, establecida por el Banco Central para depósitos mayoristas a plazo fijo de entre 30 y 35 días, por montos iguales o superiores a $1.000 millones.
Los títulos se regirán por la legislación argentina y podrán amortizarse en un único pago al vencimiento o mediante pagos sucesivos. También se prevé la posibilidad de rescate anticipado y de emitir distintas clases y series de bonos, incluida su reapertura.
En caso de controversias vinculadas con los títulos, sus cupones o los contratos relacionados con la emisión, intervendrá el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue analizado el jueves pasado durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura. En ese encuentro, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, explicó que la herramienta apunta a compensar la reducción de los recursos proyectada para 2026. Según las estimaciones presentadas, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos podría caer aproximadamente un 6% al cierre del año.
Flores indicó que los bonos tendrían vencimiento en 2029 y que los intereses, estimados en $114.000 millones, ya están contemplados en el Presupuesto. La funcionaria sostuvo que la operación no representará un gasto adicional para la Ciudad y permitirá mantener el funcionamiento de la administración frente a la caída de los ingresos, además de garantizar las obras previstas para este año y la prestación de los servicios públicos.
La subsecretaria aclaró que actualmente el Gobierno porteño no registra deudas con proveedores. De acuerdo con su explicación, los fondos se destinarán a cubrir obligaciones que deban afrontarse durante 2026.
