El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el encargado de abrir el debate, expresando el apoyo del Poder Ejecutivo al proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores. González destacó que esta iniciativa aborda los puntos clave en los que el Gobierno ha trabajado en colaboración con los diferentes actores de la cadena.
“Desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles”, comentó González, subrayando que el objetivo es lograr un balance entre los intereses de productores, consumidores, el Estado y los sectores industriales implicados.
El funcionario indicó que el proyecto sugiere un aumento en el corte obligatorio de biodiésel en 2,5 puntos porcentuales, alcanzando el 10%, y un incremento de 3 puntos para etanol, llegando al 15%.
No obstante, destacó que cualquier aumento en la proporción de biocombustibles presenta efectos variados sobre los distintos participantes de la economía. En lo que respecta al biodiésel, mencionó que la principal preocupación del Gobierno está relacionada con el impacto en el costo para los consumidores. Según explicó, el biodiésel sigue siendo considerablemente más caro que el combustible fósil con el que se mezcla.
“Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiésel tenía un costo aproximadamente 80% superior al fósil. Hoy esa diferencia es menor, pero sigue siendo sustancial”, aclaró.
Debido a esta situación, González rechazó propuestas que sugieren duplicar el corte obligatorio. “No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque implicaría un aumento estructural y permanente en el costo del gasoil que se consume en todo el país”, argumentó, advirtiendo que esto afectaría directamente al transporte, la producción agropecuaria y a los consumidores finales.
En contraste, respecto al etanol, González consideró que la situación es distinta. Afirmó que el costo del bioetanol se encuentra en niveles similares al del combustible fósil, lo que permitiría un aumento en el corte sin generar efectos negativos significativos en el precio de las naftas.
Defendió la propuesta de incrementar el corte de etanol del 12% al 15%, con 6 puntos asignados al etanol de caña y otros 6 al etanol de maíz; los tres puntos adicionales estarían sujetos a competencia libre. Estimó que, por razones de eficiencia productiva, ese volumen adicional sería abastecido principalmente por el sector maicero. “En términos prácticos, el etanol de maíz aumentaría cerca de un 50% su volumen de participación”, aseguró.
A pesar de esto, González recordó que cada aumento en el corte tiene consecuencias fiscales, debido a que los biocombustibles gozan de la exención del impuesto a los combustibles líquidos. “Cualquier aumento de corte tiene un impacto inmediato negativo en los ingresos del Estado Nacional”, enfatizó.
En cuanto al biodiésel, defendió el esquema establecido por el proyecto, que sugiere un corte mínimo del 10%. A su juicio, se trata de “un gran equilibrio” entre el beneficio para los productores, un impacto fiscal moderado, y un incremento controlado en el costo del gasoil.
Otro aspecto relevante que destacó fue la eliminación gradual del sistema de cupos existente. “Nosotros no creemos en los cupos, creemos en la competencia”, afirmó durante su exposición.
Aclaró que el proyecto contempla una apertura inmediata a la competencia en el mercado de etanol, mientras que en biodiésel la reducción de los cupos se realizaría de forma progresiva en un plazo de cinco años. Además, los porcentajes establecidos actúan como mínimos y no son techos. “Estos cortes pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción si así lo quisieran”, añadió.
González también subrayó que la iniciativa busca ofrecer previsibilidad a largo plazo al fijar los porcentajes mínimos de mezcla por un período de 15 años. Según argumentó, esta estabilidad es fundamental para fomentar inversiones y para el sector automotriz, que exige calibraciones de motores adaptadas a mezclas predecibles y continuas.
Para finalizar, el funcionario manifestó que el proyecto cuenta con un amplio respaldo entre los principales interesados. Mencionó el apoyo de productores de etanol, sectores del biodiésel, empresas petroleras y fabricantes de automóviles. “Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste, entendiendo que el consenso absoluto no va a existir”, concluyó.
