Al día siguiente de la publicación del decreto 407/2026, la CGT manifestó su desacuerdo con su contenido, señalando que “el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”.
En un comunicado, la central obrera sostuvo que “tales decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Además, consideraron “inadmisible que el Gobierno intente implementar una normativa cuyas disposiciones están judicialmente cuestionadas y debatidas en términos de constitucionalidad”.
¿Esperaban los dirigentes gremiales un enfoque más favorable? Algunos de los representantes más próximos al diálogo habían instado al Gobierno a suavizar algunos aspectos de la norma de Modernización Laboral, pero no vieron respuestas alentadoras. Tras el anuncio del decreto, el sector de la CGT más afín al oficialismo ha calificado la medida como una “provocación”.
A pesar de la ofensiva judicial contra la ley, que ha sufrido un debilitamiento, los sindicalistas más moderados reconocen que sus negociaciones sobre la reforma laboral consiguieron proteger el financiamiento de los sindicatos y mantener el núcleo de las convenciones colectivas de trabajo, elementos fundamentales del modelo sindical argentino, que data de hace casi 81 años, cuando Juan Domingo Perón lo instauró.
En una conversación, el líder cegetista Gerardo Martínez (UOCRA) admitió que lograron conservar las cuotas solidarias en el proyecto oficial y eliminar un artículo que habría permitido a las empresas dejar de actuar como agentes de retención de dichas cuotas. “Con eso se desmembraba toda la estructura sindical”, afirmó.
Martínez enfatizó que, “gracias a las negociaciones, a pesar de que no se llegó a un acuerdo completo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos”, y concluyó: “Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales”.
Sin embargo, el nuevo decreto reglamentario ha tensado aún más las relaciones con el Gobierno. La CGT se prepara para denunciarlo ante la OIT por “violación de derechos laborales” y genera inconvenientes a pocas semanas de que se discuta la posibilidad de realizar otro paro general.
¿Qué aspectos del decreto han causado mayor frustración entre los líderes de la CGT? La Ley 27.802 de Modernización Laboral establece que las cuotas solidarias, que son obligatorias para todos los trabajadores de un sector, sin importar su afiliación, “no podrán superar el 2% de las remuneraciones”, mientras que cualquier aportación o contribución para entidades que representen a empleadores no podrá exceder el 0,5%. Anteriormente, no existían esos límites y cada parte fijaba los porcentajes que se deducían de los salarios, permitiendo, en algunos casos, que se establecieran descuentos de hasta el 4% en concepto de cuota solidaria. Esta medida ha sido objeto de crítica por parte del ministro de Desregulación, quien desde hace años busca erradicarlos, tildándolos de “peajes sindicales”.
El reglamento establece además limitaciones más estrictas para las cuotas solidarias y aportes beneficiarios, señalando que “los convenios que excedan estos límites no serán homologados ni registrados”. La norma también determina que “la base de cálculo estará constituida por el salario básico correspondiente a la categoría del trabajador” y asegura que si se exceden dichos límites, se liberará al empleador del pago realizado hasta alcanzar el tope aplicable.
Los aportes que se destinan al sector empresarial a través de convenios colectivos solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a los mismos, impactando así a las cámaras que se benefician de los fondos acordados para capacitación, por ejemplo. Otro aspecto relevante es el estipulado en el decreto que indica que “las cámaras y asociaciones de empleadores deberán acreditar representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector correspondiente para participar en negociaciones colectivas”.
Para los convenios colectivos sin un plazo de vencimiento específico, se establece el 31 de diciembre de 2026 como fecha de referencia, y la Secretaría de Trabajo deberá realizar el proceso de renegociación dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia del decreto, es decir, el 1 de julio de 2026.
La reglamentación impone también límites a la estructura del “aparato sindical”, tal como señala uno de sus artículos: “Los cuerpos directivos de las asociaciones sindicales estarán integrados por una cantidad de miembros que no exceda una razonable proporcionalidad con el número de afiliados cotizantes”. El interrogante se plantea: ¿quién determina los márgenes de esa razonable proporcionalidad?
Otro aspecto conflictivo para los dirigentes gremiales es la exigencia formal de presentar ante la Secretaría de Trabajo una declaración jurada de patrimonio, un requisito que previamente no estaba estipulado, donde solo se exigía información sobre “nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación”.
La actual cifra de afiliados puede prestarse a distorsiones, y la nueva regulación genera inquietud entre los líderes sindicales, ya que establece que la nómina se verificará cruzando datos con registros del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y otras bases públicas.
El nuevo cambio en la reglamentación de la reforma laboral promete también intensificar disputas en torno al encuadramiento sindical, favoreciendo a aquellos gremios que persiguen el reconocimiento oficial. El porcentaje de afiliados cotizantes requeridos para que un sindicato compita por representación se reduce de más del 20% al mínimo del 5%, una modificación que indudablemente generará mayor competitividad entre las organizaciones.
