El Gobierno oficializó la incorporación de la Argentina al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que promueve la defensa de la familia y rechaza la consideración del aborto como un derecho en el ámbito multilateral. La firma del documento fue concretada por el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas, tras gestiones con representantes del gobierno de Estados Unidos y organizaciones conservadoras.
El anuncio formal se realizó de manera posterior a que la firma trascendiera en publicaciones internacionales. Tras la confirmación, desde la Cancillería se precisó que la decisión se alinea con la agenda de política exterior del Poder Ejecutivo orientada a la “protección de la vida humana” y la actuación conjunta con países afines en foros globales.
Un instrumento político internacional sin carácter vinculante
La Declaración del Consenso de Ginebra fue impulsada en 2020 por la administración de Donald Trump durante su primer mandato. El texto establece cuatro pilares fundamentales: la promoción de la salud de las mujeres, la protección de la vida humana, el fortalecimiento de la familia como base de la sociedad y la defensa de la soberanía nacional para dictar leyes en la materia.
Entre sus puntos centrales, el documento enfatiza que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar” ni imponer su legalización a través de organismos multilaterales. No obstante, al tratarse de un acuerdo de carácter político y diplomático no vinculante, la adhesión no modifica de manera directa el ordenamiento jurídico interno de los Estados firmantes.
Actualmente, el bloque está integrado por más de 40 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Haití en la región, además de naciones como Egipto, Bielorrusia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos. En años anteriores, países como Brasil y Colombia se sumaron bajo administraciones de corte conservador y posteriormente retiraron su respaldo tras cambios de gobierno.
Antecedentes y debate normativo en el país
La incorporación al Consenso de Ginebra se gestó tras una serie de encuentros en Buenos Aires organizados por redes como la Political Network for Values y el Institute for Women’s Health, conducido por la activista estadounidense Valerie Huber. De esas jornadas participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores del oficialismo e integrantes de entidades del sector conservador.
Pese a la importancia simbólica que la medida tiene para el oficialismo en el plano internacional, la legislación nacional en materia de salud sexual y reproductiva se mantiene sin cambios. La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2020, continúa plenamente vigente en el territorio argentino.
En el ámbito sanitario y legislativo, el debate se enfoca tanto en el alcance de los posicionamientos diplomáticos del país como en la ejecución presupuestaria de los programas de salud distributiva y prevención dirigidos a la población femenina.
