“Son $800.000 millones por la deuda que se acumuló del año pasado a hoy. Son bonos en pesos y a corto plazo los que va a entregar el Ministerio de Economía”, nos comentan fuentes cercanas a las negociaciones.
Las conversaciones entre el Gobierno y la Ciudad se iniciaron tras los retrasos en las transferencias que deberían haberse efectuado conforme al acuerdo establecido en septiembre de 2024. Este pacto fue alcanzado bajo la supervisión judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) otorgara a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando este porcentaje al 1,4% que ya se transfería de manera automática. Así, el coeficiente total para la Ciudad alcanzaba un 2,95%.
A fines de 2022, la CSJN emitió una medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a realizar transferencias diarias a través del Banco de la Nación Argentina (BNA). A pesar de esta orden, la administración de Alberto Fernández no cumplió con los pagos en los plazos establecidos. En ese momento, la Ciudad aceptó, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se realizaran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esta modalidad tampoco aseguró la regularidad de los envíos.
En los meses iniciales tras el acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con las transferencias comprometidas. Sin embargo, desde julio, estos pagos comenzaron a reducirse, generando una acumulación de deuda que ha sido motivo de reclamo por parte de Jorge Macri. Esta situación dio lugar a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas administraciones.
La solución a este conflicto se produjo cuando el Gobierno nacional aceptó transferir a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, lo que atenderá la deuda acumulada en el último año. Este acuerdo no incluye la deuda anterior acumulada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación continúa siendo objeto de disputa.
El origen del conflicto por la coparticipación se remonta a septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 735/2020, que redujo el porcentaje de coparticipación asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, el Congreso nacional aprobó la Ley 27.606, que disminuyó aún más ese coeficiente al 1,40% básico, añadiendo un monto fijo destinado a Seguridad.
Esta medida provocó un inmediato reclamo por parte de la Ciudad de Buenos Aires.
