El texto, titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, sostiene que la denominada antipolítica no debe ser entendida únicamente como un rechazo espontáneo de la sociedad hacia sus representantes, sino también como un fenómeno impulsado y amplificado por sectores del poder económico concentrado mediante distintos canales de comunicación y plataformas digitales.
En el documento también se cuestionan las prácticas identificadas como lawfare y se advierte sobre la combinación de persecución judicial, campañas de estigmatización y hostigamiento en redes sociales. Según los firmantes, esa combinación puede contribuir a naturalizar situaciones que deberían resultar inadmisibles dentro de una democracia.
El pronunciamiento recuerda el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernández de Kirchner era vicepresidenta de la Nación, y considera que aquel episodio marcó un límite que ninguna democracia debería atravesar. En ese sentido, plantea una diferencia entre la eliminación simbólica de un adversario político y la posibilidad concreta de eliminarlo físicamente.
Los dirigentes sostienen que el aniversario no constituye una cuestión exclusiva del peronismo ni de quienes respaldan políticamente a la expresidenta, sino que interpela al conjunto del sistema democrático argentino.
La difusión del documento se produjo en paralelo a una concentración convocada por sectores del peronismo y espacios aliados frente al edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria a raíz de su condena en la causa Vialidad.
El comunicado también vincula el atentado con el clima político previo y menciona la instalación de discursos de odio, campañas de estigmatización, desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra figuras de la vida pública, con especial énfasis en Cristina Fernández de Kirchner.
En cuanto a la investigación judicial, la causa ya determinó responsabilidades por la ejecución material del ataque. En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión como autor del intento de homicidio. La pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en catorce años.
Brenda Uliarte, expareja de Sabag Montiel, fue condenada a ocho años de prisión como partícipe necesaria, pena que quedó unificada en ocho años y dos meses. En tanto, Gabriel Carrizo, otro de los acusados, fue absuelto durante el juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver, además, si corresponde aplicar al caso el agravante de violencia de género. La cuestión surgió a partir de un planteo realizado por la fiscalía especializada, que cuestionó el criterio adoptado por el tribunal que llevó adelante el juicio oral.
Uno de los principales reclamos planteados por los sectores que participan de la convocatoria está relacionado con la continuidad de la investigación sobre una eventual autoría intelectual del atentado. El documento reclama que la Justicia avance en esa línea, que hasta el momento no produjo resultados concretos.
Entre las conclusiones del pronunciamiento, los firmantes plantean la necesidad de establecer un acuerdo básico entre las distintas fuerzas políticas para que las diferencias sean resueltas mediante ideas, argumentos, organización y votos, y que la actividad política no se transforme en una amenaza para la libertad, la integridad o la vida de quienes participan de ella.
El documento lleva las firmas de dirigentes de distintos sectores, entre ellos Sergio Massa, Juan Grabois, Miguel Ángel Pichetto, José Mayans, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Carlos Castagneto, Mario Secco, Emilio Pérsico, Carlos Heller, Jorge Rivas y Claudio Lozano.
