Las cuentas públicas del primer semestre del año muestran que el Estado desembolsó en su personal un 11% más que en el mismo período de 2021, descontada la inflación
Las cifras preliminares del cierre de las cuentas públicas durante el primer semestre confirman la presunción de que el déficit fiscal avanza a ritmo acelerado, con las implicancias que ello tiene para el endeudamiento y la emisión monetaria. Con una suba del gasto respecto del año pasado por encima del 10% en términos reales, es decir, descontando la inflación, el desequilibrio acumulado durante los primeros seis meses del año prácticamente duplica el registrado el año pasado. Así, mientras el rojo fiscal alcanzó 1% del PBI en 2021, el desbalance que acumuló el Gobierno hasta hace 20 días representa 1,9% de acuerdo a la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Según detalla el análisis de la dependencia parlamentaria, todos los rubros de gasto público registraron una variación real positiva. Es decir, subieron por encima de la inflación. Existe, sin embargo, una notoria excepción. El rubro “bienes y servicios” anota una llamativa caída de 9,1% real respecto del mismo período del año pasado, con un gasto total de $182.000 millones. Pero no todo lo que brilla es oro.
El “ahorro” que se generó en este rubro pasó a engrosar, en cambio, otros rubros de la ejecución presupuestaria. Es lo que se desprende del análisis de los componentes que están agrupados en cada título. Bajo el rótulo “bienes y servicios” se incluyeron durante la pandemia, por ejemplo, gastos como la compra de vacunas, que demandó el año pasado más de USD 700 millones, monto que este año se habría reducido drásticamente.
Pero también en esta categoría reviste la incorporación de empleados públicos a través de contratos. Es decir, no son empleados en relación de dependencia del Estado sino que el Estado hace una contratación de sus servicios. El gasto en esta modalidad de empleo público también habría sufrido una merma notoria, acentuada en junio cuando el renglón cayó 23% respecto a junio de 2021, pero que nada tiene que ver con un achicamiento de la burocracia estatal. Por el contrario, los números de ejecución presupuestaria del primer semestre indicarían que el recorte en contratos se tradujo en un aumento de los puestos de planta permanente, es decir, en relación de dependencia. A diferencia de la evolución negativa de “bienes y servicios”, el gasto en personal creció 11% -siempre por encima de la inflación- respecto al primer semestre del año pasado, variación que no puede ser enteramente explicada por el impacto de las negociaciones paritarias.
Mientras el rojo fiscal alcanzó 1% del PBI en 2021, el desbalance que acumuló el Gobierno hasta hace 20 días representa 1,9% de acuerdo a la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
Un repaso rápido a la web de la Jefatura de Gabinete, en el apartado Gestión de Empleo Público, permite inferir la tendencia. Entre aprobaciones de órdenes de mérito, aperturas de concursos y convocatorias a cubrir vacantes hasta junio, se apunta a incorporar unos 3.000 nuevos agentes estatales. Lo curioso es que estos procesos corresponden sólo al bimestre mayo-junio, sin movimiento en los meses anteriores. En contrapartida, julio mantiene el ritmo con un total de 843 órdenes de mérito aprobadas para cubrir 116 cargos en el INADI y 727 en el Ministerio de Desarrollo Social, al tiempo que se iniciaron convocatorias y concursos para ocupar más de 1500 cargos en la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Turismo, Trabajo, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Superintendencia de Salud y el Conicet. Ahora queda por ver cuál será la reacción de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien en sus primeros anuncios de medidas económicas la semana pasada apuntó a que el “congelamiento de personal vigente se ampliará a todos los organismos del Estado”
Aun así, el gasto en personal está lejos de ser el que más aumentó durante los primeros meses del año. En el podio, sin ninguna novedad, se ubica el gasto en energía que mantiene en jaque tanto las cuentas fiscales como las reservas del Banco Central. En este sentido, los subsidios económicos anotan una suba real de 38% mientras que es el gasto en programas sociales el que secunda este incremento, con un aumento de 29% interanual. En tanto, las transferencias a las provincias crecieron 13,1% mientras que las asignaciones familiares lo hicieron en 11,7% real. Últimos de la lista quedaron los jubilados y pensionados, que insumieron un gasto 6,3% mayor al del primer semestre del año pasado y la obra pública, con una leve variación de 0,6% en “gastos de capital”.
