El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, participaron del encuentro. Antes de sus exposiciones, diputados de la oposición pidieron que las universidades y otros sectores de la comunidad educativa tengan representación durante el tratamiento del proyecto presupuestario.
“Hoy venimos a presentar la consolidación de un nuevo paradigma en educación”, afirmó Torrendell, quien destacó la supervisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En su exposición, cuestionó las políticas educativas de las administraciones anteriores y sostuvo que “la decadencia educativa no fue un accidente”.
El funcionario planteó que el problema del sistema no radica en la cantidad de cargos docentes, sino en que esos recursos no necesariamente se traducen en mejoras dentro de las aulas. Según su diagnóstico, el gasto educativo estuvo disperso y careció de un objetivo definido en materia de calidad. En contraposición, señaló que la política actual busca evaluar los resultados a partir de los aprendizajes de los estudiantes y no únicamente del dinero destinado al sector.
En relación con las universidades, Torrendell afirmó que las partidas presupuestarias asignadas superan las de 2015 y 2022. También cuestionó los indicadores de rendimiento académico: señaló que las instituciones universitarias informan más de 1,7 millones de estudiantes, pero que alrededor de 800.000 aprueban dos o más materias.
El secretario agregó que, bajo criterios utilizados internacionalmente, una parte de esos alumnos no sería contabilizada como estudiante activo. Explicó que en otros países se exigen seis materias aprobadas por año, tres en cada cuatrimestre, en lugar de considerar únicamente la inscripción.
Durante su exposición, también se refirió a la permanencia y la graduación universitaria. Según los datos que presentó, el 44,5% de los estudiantes abandona durante el primer año. Además, sostuvo que, de cada 100 ingresantes a las universidades públicas, se gradúan 18,7, frente a una proporción del 40% en las instituciones privadas.
Las declaraciones se produjeron en medio de la discusión por el financiamiento universitario y a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, que terminó con incidentes. La controversia también está vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso el año anterior y cuyo cumplimiento fue cuestionado por la oposición.
Antes de la exposición de las autoridades educativas, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman reclamó que se incorpore a representantes de la comunidad universitaria al debate presupuestario. El legislador vinculó su pedido con la situación del financiamiento y con el cumplimiento de la normativa vigente.
Por su parte, la diputada radical Mariela Coletta leyó una nota dirigida a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, en la que expresó el rechazo al apartado educativo del proyecto. El documento solicitó ajustar las partidas previstas para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y requirió formalmente la presencia de las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo.
De esta manera, el capítulo educativo del Presupuesto 2027 quedó atravesado por dos posiciones contrapuestas: la defensa oficial de un modelo centrado en los resultados de aprendizaje y los cuestionamientos opositores sobre los recursos destinados a las universidades públicas y el cumplimiento de la ley de financiamiento.
