La Sala III del tribunal confirmó el rechazo de primera instancia al planteo de recusación, que había sido desestimado por el juez federal Luis Armella. Se trata del tercer intento de la defensa para desplazar al fiscal del expediente.
Los abogados de Insaurralde habían cuestionado la actuación de Mola después de que solicitara la detención del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio. El pedido se produjo tras la difusión de videos que muestran millones de dólares en efectivo en el vestidor de una vivienda en San Vicente. La defensa consideró que la postura del fiscal evidenciaba “ensañamiento” y una “manifiesta desproporción”, y sostuvo que ponía en duda su objetividad.
Sin embargo, los jueces Emilio Faggi y Roberto Lemos Arias señalaron que las decisiones sobre recusaciones no son apelables, salvo en situaciones excepcionales que afecten el derecho de defensa. Según fundamentaron, los argumentos presentados no demostraron la existencia de circunstancias que justificaran apartarse de esa regla. También remarcaron que la continuidad del fiscal en el proceso no constituye, por sí sola, un perjuicio irreparable.
La investigación busca determinar el origen del patrimonio de Insaurralde y si existen maniobras de lavado de activos. En 2024, Mola y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos solicitaron la indagatoria del exfuncionario y de varios familiares, a quienes la Fiscalía vincula con la presunta utilización de testaferros. Para los investigadores, los ingresos legales declarados no permitirían justificar el nivel de vida y los bienes atribuidos al exjefe de Gabinete.
El caso tomó estado público en septiembre de 2023, cuando se conocieron imágenes del viaje que Insaurralde realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate Bandido. Las publicaciones exhibían una estadía de lujo, con champagne y accesorios de alto valor. En ese momento, el exfuncionario integraba el gabinete del gobernador Axel Kicillof y renunció en plena campaña electoral presidencial.
Un peritaje presentado en julio detectó inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde. A la investigación también se incorporaron grabaciones realizadas por Cirio que muestran grandes cantidades de dinero en efectivo distribuidas en cajas y bolsos. Un estudio ubicó las imágenes en el vestidor de la vivienda que compartía con el exfuncionario, y la Fiscalía solicitó también su indagatoria.
Mientras tanto, la Cámara Federal de La Plata debe resolver otros puntos relevantes del expediente. Entre ellos figura la apelación de la Fiscalía contra el sobreseimiento de Clerici, dispuesto por Armella al considerar que no se había establecido un vínculo económico suficiente con Insaurralde para sostener la hipótesis de que actuara como testaferro. La discusión incluye los US$569.911 hallados en su vivienda de Nordelta y las propiedades registradas a su nombre.
El tribunal también deberá pronunciarse sobre la validez de los videos que muestran el dinero en efectivo. Las defensas de Insaurralde y Cirio cuestionan su utilización como prueba y plantean que podrían haber sido obtenidos ilegalmente o manipulados mediante herramientas de edición o inteligencia artificial. Cirio, por su parte, denunció haber sido extorsionada para evitar la difusión de las grabaciones.
Desde mediados de agosto, el expediente está a cargo del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió la titularidad del juzgado de Lomas de Zamora y ordenó nuevas medidas de prueba el mes pasado.
