La suba responde a una combinación de factores. Entre ellos aparecen las dificultades de producción en algunas de las principales minas del mundo, los bajos niveles de inventarios fuera de Estados Unidos y las distorsiones comerciales provocadas por la política arancelaria estadounidense. Pero detrás del movimiento también existe un problema de carácter estructural: la demanda de cobre crece a mayor velocidad que la capacidad de la minería para incrementar la oferta.
El Banco Mundial proyecta para este año un aumento del 21% en el precio promedio del metal, lo que implicaría un récord anual. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía advierte que el crecimiento de la producción minera no alcanzaría para cubrir las necesidades futuras. Las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, las energías renovables y los centros de datos aparecen entre los principales motores de esa demanda y el organismo calcula que hacia 2035 podría existir un déficit de oferta cercano al 25%.
Las estimaciones del sector apuntan a que el consumo de cobre podría crecer 68% entre 2021 y 2035. La oferta, en cambio, enfrenta dificultades crecientes: los yacimientos existentes presentan menores concentraciones del mineral y encontrar nuevos depósitos de gran tamaño resulta cada vez más complejo. Además, el período promedio entre la exploración y el comienzo de la producción ronda los 16 años.
A las dificultades estructurales se sumaron este año problemas puntuales en la producción minera. La menor calidad del mineral extraído en Chile, la falta de nuevos proyectos y las interrupciones en grandes explotaciones, como Grasberg, en Indonesia, afectaron el suministro mundial. En el caso de Grasberg, un accidente ocurrido en 2025 provocó interrupciones en las operaciones.
La política comercial estadounidense también tuvo impacto sobre el mercado. La posibilidad de nuevos aranceles a partir de 2027 sobre productos de cobre refinado llevó a trasladar grandes volúmenes de metal hacia Estados Unidos. Ese movimiento redujo los inventarios disponibles en otros mercados, entre ellos Londres y China, y contribuyó a presionar los precios.
De todos modos, el escenario no implica necesariamente una suba continua. El precio puede atravesar correcciones vinculadas con los ciclos económicos, mientras que un mayor reciclaje o la sustitución del cobre por otros materiales podrían moderar la demanda. Si la oferta no logra acompañar el crecimiento del consumo, en cambio, podrían ser necesarios precios más elevados para incentivar proyectos mineros cada vez más costosos.
La presión sobre el cobre también se extiende a nuevas actividades. La inteligencia artificial, los centros de datos y la industria aeroespacial se suman a las industrias tradicionales como fuentes de demanda. La demanda eléctrica de los centros de datos podría crecer alrededor de 16% anual entre 2023 y 2028 y alcanzar hasta 130 GW. La inteligencia artificial generativa explicaría cerca del 60% de ese incremento.
El crecimiento de los centros de datos requerirá además nueva generación eléctrica y una expansión de las redes de transmisión y distribución, todas ellas intensivas en el uso de cobre.
En este contexto, entre los productores con operaciones activas y posibilidades de expansión aparecen BHP, Codelco, Freeport-McMoRan y Anglo-Teck. Freeport, además, cuenta con operaciones en Estados Unidos que reciben precios superiores a los internacionales y podría incrementar sus volúmenes cuando Grasberg recupere su actividad, algo previsto hacia fines de 2027. El escenario, sin embargo, está condicionado por los riesgos de ejecución derivados de las demoras en Indonesia.
También aparecen entre las compañías vinculadas al sector Southern Copper, Lundin Mining, Antofagasta, Ivanhoe y Glencore. En el segmento de regalías, Franco-Nevada y Wheaton permiten participar de la evolución del precio del cobre sin asumir directamente los costos operativos de una mina. Por otra parte, fabricantes de cables y equipos eléctricos como Prysmian, Nexans, Siemens Energy y Schneider podrían verse beneficiados por una mayor inversión en infraestructura.
El escenario presenta diferencias dentro de la propia cadena. Las fundiciones independientes enfrentan márgenes más estrechos debido a la escasez de concentrado, mientras que las industrias que utilizan grandes cantidades de cobre están más expuestas al aumento de los costos cuando no pueden trasladarlos al precio final.
Para Argentina, el escenario abre una oportunidad en torno al desarrollo de proyectos que todavía no alcanzaron una producción a gran escala. El país dejó de producir cobre en grandes volúmenes desde 2018, después del cierre de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, pero conserva varios proyectos en distintas etapas.
Entre los principales aparecen Vicuña, Taca Taca, El Pachón, MARA, Los Azules y San Jorge. Vicuña, en San Juan, es considerado uno de los proyectos centrales para recuperar una producción de cobre a gran escala.
El potencial de esos recursos, sin embargo, no garantiza por sí mismo que lleguen a convertirse en producción. Para alcanzar un volumen cercano a 1,6 millones de toneladas anuales sería necesario que varios grandes proyectos avancen simultáneamente y consigan financiamiento, permisos, infraestructura y suministro energético.
Si Argentina alcanzara ese nivel de producción, podría ubicarse como el quinto productor mundial, detrás de Chile, Perú, República Democrática del Congo y China. El principal desafío estaría entonces en la velocidad de ejecución y en la resolución de los obstáculos que aparezcan durante el desarrollo de los proyectos.
El escenario actual presenta distintos grados de avance. Josemaría, dentro de Vicuña, ya está en construcción; Los Azules podría adoptar una decisión de inversión hacia fin de año, mientras que Glencore proyecta reactivar Alumbrera para comenzar a producir desde 2028. En otros casos, como El Pachón, el inicio de las obras no está previsto antes de 2031.
Los tiempos habituales de desarrollo de los grandes proyectos mineros, que pueden demandar entre dos y cuatro años, hacen que las estimaciones más moderadas ubiquen la producción argentina entre 600.000 y un millón de toneladas hacia 2035. El objetivo de alcanzar 1,6 millones de toneladas podría trasladarse, bajo ese escenario, hacia 2038-2040.
Para avanzar en esa dirección, Argentina deberá resolver necesidades de infraestructura eléctrica y logística, mejorar las alternativas de salida hacia el Pacífico en coordinación con Chile, sostener las condiciones del RIGI y avanzar en la licencia social de los proyectos.
Con un escenario de crecimiento más moderado, el país igualmente podría ingresar entre los diez principales productores mundiales y convertirse en una fuente de abastecimiento relevante para Estados Unidos, Europa y las grandes compañías mineras.
