La resolución fue adoptada con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes consideraron que existían cuestionamientos sobre una de las principales pruebas de la causa: un disco rígido encontrado en 2020 con indicios de correos electrónicos almacenados de dirigentes políticos y periodistas.
El dispositivo había sido detectado cuando Cristina Caamaño se desempeñaba como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre los nombres registrados aparecían Luis Majul, Nicolás Massot, Laura Alonso, Verónica Magario, Carlos Tomada, Héctor Daer, Carlos Castagneto, Elizabeth Gómez Alcorta y Rodolfo Tailhade.
La investigación también incorporó otro episodio relacionado con una presunta infiltración en una organización política. Un audio atribuido a Alan Ruiz, quien había formado parte de la estructura de la AFI durante la segunda mitad del gobierno de Cambiemos y estaba al frente del área de Operaciones Especiales, dio cuenta de la supuesta incorporación de una agente a la agrupación Kolina. A partir de ese hecho, Carlos Castagneto vinculó la infiltración con el hallazgo del disco y se incorporó al expediente.
Ruiz había trabajado inicialmente junto a Patricia Bullrich y posteriormente quedó enfrentado con integrantes de un grupo de agentes de inteligencia conocido como Súper Mario Bros. Parte de esas disputas quedó registrada en grabaciones clandestinas en las que se hacía referencia a presuntas actividades ilegales.
En noviembre del año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a Macri y a otros involucrados. Las querellas apelaron la decisión y sostuvieron que existían elementos para investigar una estructura destinada a realizar inteligencia por fuera de la ley. En ese planteo se mencionaron distintas denuncias surgidas durante la intervención de la AFI encabezada por Caamaño.
Ahora, el fiscal Agüero Iturbe llevará el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá revisar los argumentos utilizados para confirmar el cierre de la investigación.
Entre los fundamentos de Llorens y Bertuzzi para apartarse de la continuidad de la causa aparece el cuestionamiento sobre la forma en que fue encontrado el disco rígido y la posibilidad de que haya sido manipulado antes de ser presentado formalmente ante la Justicia. Para los camaristas, esas dudas afectan la posibilidad de desarrollar una investigación imparcial y consideran que, sin ese elemento, el expediente no puede avanzar de la misma manera.
El caso se suma a otras investigaciones por presunto espionaje durante el gobierno de Macri en las que la Cámara Federal cuestionó pruebas o dejó sin efecto decisiones de primera instancia.
Uno de esos expedientes es el denominado Proyecto AMBA, que investigó actividades de inteligencia realizadas entre 2016 y 2017 en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En esa causa, el juez Alejo Ramos Padilla había reconstruido una estructura que, según su investigación, fue utilizada para realizar inteligencia política.
La misma Cámara también anuló procesamientos dictados por el juez Ernesto Kreplak en la causa conocida como Gestapo Sindical. Allí se había investigado una reunión en la que participaron funcionarios bonaerenses, empresarios y autoridades de la AFI, vinculada con acciones contra Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Llorens y Bertuzzi consideraron que no estaba suficientemente acreditado que ese encuentro hubiera tenido como objetivo organizar un operativo de espionaje ilegal.
Otro antecedente es el expediente sobre los llamados Súper Mario Bros, integrado por policías de la Ciudad que fueron trasladados a la AFI durante el gobierno de Macri. En ese caso, los camaristas admitieron la existencia de actividades de inteligencia ilegal, pero sostuvieron que los agentes actuaban por iniciativa propia, como “cuentapropistas”. Esa interpretación permitió dejar fuera de la investigación a integrantes de mayor jerarquía de los servicios de inteligencia que habían sido procesados en primera instancia por el juez Juan Pablo Augé.
En julio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal también había confirmado el sobreseimiento de Macri en la causa por el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En aquella resolución se reconoció que la AFI había realizado tareas de inteligencia sobre familiares de los submarinistas, aunque se consideró que esas actividades estaban justificadas por una supuesta amenaza a la seguridad interior y al Presidente.
La composición de la Cámara Federal cambió recientemente a partir de la reestructuración impulsada durante la administración de Javier Milei. Bertuzzi recibió la aprobación del Senado para integrar el tribunal, después de que la Corte Suprema señalara que el traslado dispuesto durante el gobierno de Macri no tenía carácter permanente. También se incorporó Pablo Yadarola, cuyo nombramiento fue aprobado por la Cámara Alta, con la abstención de Martín Soria.
Actualmente, la Sala I está integrada por Llorens, Bertuzzi y Yadarola. Llorens, además, aparece entre los nombres considerados por Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema.
En los últimos días, esa misma sala confirmó también el sobreseimiento de Luis Caputo en una causa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dispuso el archivo de una investigación vinculada con un préstamo solicitado por Macri al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con la apelación de Agüero Iturbe, el expediente por el presunto espionaje volverá a quedar bajo análisis de la Justicia, esta vez en la Cámara Federal de Casación Penal.
